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Redacción
Lunes, 10 de Septiembre de 2018

JUSTICIA

La Fiscalía propone un fiscal coordinador contra la delincuencia económica

En su memoria de 2017 afirma que sería aconsejable la incorporación de los delitos responsabilidad de las personas jurídicas que, por su novedad y especificidad, deben ser objeto de estudio singularizado

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La Fiscalía General del Estado cree que "ha llegado la hora" de crear la figura de un fiscal coordinador contra la delincuencia económica, con especial atención a los delitos contra Hacienda, según consta en la Memoria del organismo correspondiente a 2017.



Además de insistir en esta idea, ya incluida en la Memoria del ejercicio anterior, el documento señala que posiblemente sería aconsejable también la incorporación de los delitos responsabilidad de las personas jurídicas que, por su novedad y especificidad, deben ser objeto de estudio singularizado.



El titular de dicho órgano debería tener la categoría personal de Fiscal de Sala, y estar revestido de las competencias a que hace referencia el artículo 20 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y las que las pudiera atribuir la instrucción en la que se determinara su funcionamiento.


La Fiscalía estima que de este modo se podrían ejercer las "necesarias" funciones de coordinación, formación y adopción de criterios uniformes de actuación en la materia.


Todo ello ya constaba en la Memoria de la Fiscalía correspondiente a 2016, pero "el paso del tiempo, lejos de atenuar la necesidad de llevar a cabo aquella solución que entonces proponíamos, parece aconsejar su inmediata puesta en funcionamiento".


En particular, la Fiscalía ve necesaria la figura del fiscal coordinador en los delitos contra la Hacienda Pública, ya que periódicamente se constatan situaciones de creciente complejidad, a las que las fiscalías provinciales vienen dando soluciones diferentes, "con la consiguiente sensación de inseguridad para los afectados y perplejidad en el entorno en que se producen".



Como ejemplos, el organismo cita la fiscalidad de las rentas obtenidas en algunas profesiones por derechos de imagen, la posible responsabilidad bien directa, bien como inductores de algunos asesores o consejeros, o la constatación de determinadas prácticas defraudatorias que se enmarcaran en el "acogedor marco de la economía de opción".


Todos ellos son problemas "de sobresaliente importancia", prosigue el texto, a los que no siempre se les da una solución unívoca en todo nuestro territorio.



En este sentido, las jornadas de especialistas "vienen siendo un esforzado paliativo para el tratamiento de estas cuestiones", pero su escasa periodicidad y la moderada presencia de compañeros hace que su eficacia no sea la deseada.



La Memoria recoge también las aportaciones de las fiscalías provinciales, entre las que destaca la de Canarias sobre el delito de administración desleal.



Al haber dejado de ser un delito societario para transformarse en un delito patrimonial, ya no precisa como requisito de perseguibilidad la denuncia de la persona agraviada; además, ahora es aplicable la excusa absolutoria que no permite perseguir delitos patrimoniales cometidos entre familiares, siempre que no haya concurrido violencia o intimidación.



De este modo, señala la fiscalía canaria, los delitos de administración desleal cometidos en el seno de la empresa familiar pueden quedar excluidos del ámbito penal, por inviabilidad de dirigir la acción hacia el sujeto activo si se trata de un familiar cercano, debiéndose resolver por la vía civil o mercantil.



Desde la fiscalía de Barcelona llaman la atención sobre los delitos societarios, que a través de su configuración como delitos semipúblicos, a través del requisito de perseguibilidad, llevan al ministerio público a ejercer funciones de tutela del gobierno interno de las sociedades mercantiles.



Estas sociedades, así como todas aquellas que actúan en una económica regida por el libre mercado, tienen otros mecanismos de control y sanción de conductas inadecuadas, así como un ámbito jurisdiccional natural en los órganos civiles y mercantiles.



Cuando el particular denunciante o querellante se retira del procedimiento penal, el Fiscal debe seguir idéntico camino, salvo que esté ejerciendo su función en representación de personas necesitadas de especial protección o bien que el ilícito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas.

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