El pasado mes de enero se cumplieron dos años desde que la Ley de Urbanismo de las Islas Baleares (LUIB) entrase en vigor. A pesar de su juventud esta medida ha cambiado el modelo urbanístico del archipiélago y ha provocado un aumento en las sanciones por infracciones inmobiliarias, obras sin licencia o construcción en suelo rústico. ¿Qué cambios introdujo?
El objeto y novedades de la ley
En primer lugar hay que aclarar cuál es el objeto de esta ley y entender los motivos de su creación. La LUIB especifica en su primer punto que pretende “establecer el régimen jurídico general regulador de la actividad administrativa en materia de urbanismo en las Illes Balears”, así como “definir el régimen jurídico-urbanístico de la propiedad del suelo de acuerdo con su función social”.
En otras palabras, con su implantación se determinaron aspectos como las clases del suelo o los derechos y obligaciones de los propietarios. De igual modo se trazó un planeamiento urbanístico con distintos escenarios de ocupación y gestión de los suelos, así como la política de concesión de licencias.
Entre las novedades más destacadas José Manuel Sierra, de Sierra Abogados & Inversiones, apunta “la prescripción de la sanción económica por el transcurso de diez años desde la infracción cometida” que afecta a los infractores y que “exonera el pago de la sanción pero no la de devolver a su estado original la infracción cometida”. Es decir, prescribe la sanción económica pero no su obligación de restituir la legalidad urbanística.
La otra novedad que este letrado menciona es que “en el caso de obras prescritas pero fuera de ordenación en la parcela que existan, no se podrá pedir licencia urbanística hasta que dichas obras fuera de ordenación hayan desaparecido o sean demolidas”.
Consecuencias más comunes
Uno de los principales problemas que está originando esta ley desde su implantación son las ilegalidades cometidas por la ausencia de solicitud de licencia de obra. Además José Manuel Sierra recalca que “existen construcciones de hace muchos años que han ido pasando de vendedor en vendedor y son responsables todos los miembros de la cadena que no solicitaron en su momento las licencias correspondientes”.
Es común que se utilice el suelo rústico sin ningún tipo de miramiento a la hora de solicitar licencia de obra y realizar las mismas dentro de la legalidad establecida en cada municipio. Por ello este abogado balear afirma que “si deseamos tener un suelo rústico protegido debemos construir conforme a las normas municipales”.
Agencia de Defensa del Territorio
La Agencia de Defensa del Territorio se encarga de garantizar el cumplimiento de lo estipulado en la LUIB. En su portal web se define como “un organismo autónomo de carácter administrativo, dotado de personalidad jurídica, patrimonio y presupuestos propios, con capacidad de actuación en el cumplimiento de sus funciones”.
Sobre su funcionamiento José Manuel Sierra explica que “persigue las ilegalidades cometidas en suelo rústico hasta el punto que los municipios medianos o pequeños no tienen competencia para la tramitación y sanción de las mismas”.
Con esta medida se pretende “evitar amiguismos y opiniones subjetivas a la hora de perseguir y valorar estas infracciones”. Pues solo con estas condiciones se logrará concienciar de la necesidad de cumplir esta normativa para el bienestar del suelo rústico balear.
Inmuebles en peligro
A tenor de estas indicaciones legales, las construcciones que correrían peligro son aquellas ejecutadas sin licencia o cuya licencia estuviera anulada, aquellas que por esta ley pudieran ser objeto de expropiación, cesión o derribo y por último, las que se hayan ejecutado legalmente pero han sufrido obras, ampliaciones o reformas sin la licencia necesaria.
Finalmente la Agencia de Disciplina Urbanística de Mallorca advirtió a inicios de año sobre la necesidad de licencia para las viviendas prefabricadas y desmintió en redes sociales “la leyenda urbana de que las casas prefabricadas o modulares se pueden implantar sin licencia urbanística”.
