La Asociación de Constructores de Baleares ha realizado un estudio de las solicitudes presentadas en Baleares de revisión de precios en obra pública, amparándose en los decretos que aprobaron tanto el Gobierno central como el balear y los resultados no pueden ser más descorazonadores. És más, según los constructores se evidencia un fracaso en la aplicación de estos decretos.
El 84% de las solicitudes han sido ignoradas (75%) o rechazadas (9%) por parte de las administraciones. Se han presentado 131 reclamaciones ante 43 órganos de contratación. 98 no han obtenido respuesta, lo que supone, de facto, por el silenció negativo de la administración, su rechazo, sin ni siquiera haber sido tramitadas. Otras12 han obtenido una respuesta negativa y 21 se han aceptado.
Cabe destacar que todas las solicitudes presentadas por el decreto autonómico, 52, no han sido tramitadas (88%) o se han rechazado (12%).
Los constructores denuncian que los ayuntamientos están teniendo "un comportamiento indigno y de nula solidaridad y empatía con los sobrecostes asumidos injustamente por las empresas por un aumento del precio de los materiales no reflejado en los contratos".
El 100% de las solicitudes hechas a ayuntamientos no han obtenido respuesta (89%) o han sido rechazadas (11%). En esta linea explican los empresarios que "todas las buenas palabras y compromisos adquiridos a finales del año pasado por parte de la FELIB y de algunos de los principales consistorios de las islas han quedado en nada, dejando a las empresas a su suerte. No entendemos como los políticos pueden declarar públicamente estar al lado de las empresas y después no querer aplicar las revisiones y compensaciones a las que tienen derecho las empresas legítimamente".
Se quejan los constructores también de que "algunos consistorios incluso han alegado que no pueden tramitar las solicitudes al no haberse adherido a los decretos cuando según la ley están obligados a ello".
La excepción positiva entre todas las administraciones la protagoniza el IBAVI que "desde el primer momento ha mostrado el IBAVI y su responsabilidad con las empresas. De 18 solicitudes presentadas a este organismo, 16 se han resuelto favorablemente y tan solo 2 están todavía sin respuesta. Es un claro ejemplo para los demás organismos de contratación que las cosas se pueden hacer correctamente si hay voluntad para ello".
Sumando las cantidades de las solicitudes sin respuesta y rechazadas, las pérdidas de las empresas superan los 6 millones de euros. Es dinero que va a parar directamente en el negativo de la cuenta de resultados de forma totalmente injusta porque obliga a la constructora a tener que asumir unos sobrecostes que el propio decreto estatal en su exposición de motivos afirma que se altera el equilibrio del contrato por un encarecimiento extraordinario de los precios de los materiales que excede en lo incluido en el riesgo y ventura del empresario.
Los constructores advierten ya que "esta actitud insolidaria de los ayuntamientos y otras administraciones obligará a las contratistas a convertir todas las reclamaciones en demandas en los juzgados para poder obtener el reequilibrio económico de los contratos recogido en la Ley de Contratación del Sector Público".
