Italia votaba hace unas horas una reforma constitucional de calado, obviamente y con el contexto y la correlación de fuerzas actual, en detrimento de los derechos sociales y en beneficio de los mercados.
Parece que Renzi es incapaz de tomar nota de lo que está pasando en toda Europa, o en Estados Unidos: si se aparcan las políticas de centro-izquierda, socialdemócratas o como las quieran llamar ustedes, viene el fascismo.
Mientras, en Españistán hemos llegado a la semana de celebración de "nuestra" sacrosanta Constitución, solo reformable para satisfacer a los mercados (artículo 135: los pagos financieros tienen prioridad frente a las personas), y más que interpretable en lo que respecta a los derechos de la ciudadanía. La maquinaria del poder y sus lacayos vuelven a cantar como cada año las maravillas de un texto constitucional que se refrendó en 1978 con ganas de dejar atrás de la dictadura pero que no lo olvidemos, se redactó en inferioridad de condiciones por parte de las fuerzas demócratas y de izquierdas frente a los militares y partidarios del régimen.
Un texto constitucional, ni en el estado español ni en ninguna parte, no es la Biblia. No es un libro de doctrina, sino el marco de reglas del juego y de convivencia que en nuestro caso juega a tres niveles de equilibrio: separación de poderes, equilibrio capital-trabajo (es decir, desarrollo económico teniendo en cuenta los derechos de la clase trabajadora), y equilibrio territorial.
Los tres equilibrios son en este momento bastante inestables, por no decir insostenibles: el propio Tribunal Constitucional se ha convertido en un tribunal político con nada que decir sobre derechos constitucionales como la vivienda o el trabajo; el contrato social, especialmente desde la reforma constitucional y el desmantelamiento de servicios públicos, se ha roto; y finalmente no hay salida ni comprensión frente al conflicto territorial, ni en lo que respecta a Catalunya, ni a las ansias de justicia fiscal de territorios como el País Valencià y les Illes, con servicios y una financiación per càpita muy por debajo de la media a pesar de ser los que más aportamos en impuestos.
No tocar la Constitución solo hará la situación aún más insostenible. Y tampoco hay condiciones para mayorías cualificadas que apunten a una transformación en positivo, en términos de reequilibrio. Si este fuera un país verdaderamente democrático, no habría miedo a lo que hay que hacer: dejar que la gente y los pueblos decidan, digan de qué nuevo marco o marcos queremos dotarnos, si monarquía o república, qué tipo de estructuras de estado nos convienen, cómo se garantizan unos servicios públicos de calidad que den cobertura a tanto derecho constitucional convertido hoy en día en papel mojado... Activar procesos constituyentes, desde abajo, desde cada territorio, decidiendo qué queremos ser y cómo queremos organizarnos.
Un ejercicio de democracia plena, impensable para quienes en estos días se llenarán la boca defendiendo lo buenísima que es la democracia que tenemos.
