El equivalente al sheriff de Nottingham en Nuevos Ministerios, Cristóbal Montoro, ha enviado a las CCAA una propuesta de nuevo reglamento para el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano en el que se acuerda la política fiscal y en los últimos años, los objetivos de reducción del déficit, entre otras cuestiones.
El Consejo tiene como referencia la Ley de Financiación Autonómica (LOFCA), que desde Balears y otras comunidades exigimos modificar a tenor de que no se sostiene por más tiempo que quienes más aportemos al sistema seamos al tiempo los mismos territorios que ven crecer la pobreza y las desigualdades por encima del resto. Pero la LOFCA es una ley orgánica, y el PP no tiene mayoría suficiente para modificarla, por lo que recurre al subterfugio del reglamento del Consejo para refrendar propuestas que tal vez pierda en las Cortes generales.
Lo que pretende el PP es que los "acuerdos" del Consejo dejen de ser "recomendaciones" y pasen a ser de obligado cumplimiento, con carácter vinculante. Lo que de entrada parece una cuestión de matiz no lo es, ya que de llevarse adelante significaría la última vuelta de tuerca en la más que recortada soberanía de las comunidades. Lo que no puede conseguir Rajoy ni en el Congreso ni en los territorios donde no gobierna el PP, quieren conseguirlo a golpe de "acuerdo" vinculante en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que pondría en jaque mate las principales competencias de las CCAA.
Unas CCAA que además de tener personalidad propia, gestionamos el llamado "estado del bienestar" (la educación, la sanidad, los servicios sociales) con mucho mejor éxito que un gobierno central que acapara el 80% del endeudamiento público. Quienes pensaban que volver a tener un gobierno del PP en España iba a ser un mal menor se equivocaban: cuanto peor, nunca es mejor. Mucha banderita de España y mucho centralismo rancio contra quienes cada día luchamos por mantener la dignidad de nuestros ciudadanos y ciudadanas. No pasarán.
