En 2013, la Comisión Europea reprendió a España por el precio de construcción de sus autopistas: entre 2 y 5 millones de euros el kilómetro, el más caro del viejo continente. Los 23 kilómetros de las autopistas de Ibiza, que se situarán sobre los 600 millones a la finalización de la concesión, nos habrán costado unos 26 millones de euros el kilómetro. Esto las convierte en unas de las carreteras más caras del mundo, y sólo por ello hace tiempo que se deberían haber investigado, sobre todo si tenemos en cuenta que el presupuesto inicial previsto en el Convenio de Carreteras con el Estado era de 8,33 millones de euros.
La vía de acceso al aeropuerto de Eivissa y la de Sant Antoni se licitaron en 2005 por unos 170 millones de euros, con un régimen concesional llamado de "peaje en la sombra". Básicamente, las constructoras adelantaban el dinero, y una vez entregadas las carreteras a la administración (2008), estas lo devolvían con un canon repartido en 25 anualidades con una parte fina y otra variable, en función del número de coches que pasan por ellas. Ello convierte las autopistas de Eivissa en la segunda hipoteca de nuestra comunidad, sólo superada por el hospital de Son Espases, que por lo menos es un hospital.
En la comisión de investigación hemos podido ver cómo se tomaron malas decisiones políticas (no sólo porque las tomase Jaume Matas, ya que se limitó a ser un alumno aventajado de Aznar y la aplicación de su "plan de infraestructuras" de 19 billones de euros); se dieron contratos millonarios a dedo; se arrasó con patrimonio arqueológico y cultural de la pitiusa mayor de valor incalculable; se desalojó a gente de sus hogares por la fuerza, en muchos casos sin tan siquiera haber notificado la expropiación. Y mucho más.
Y a pesar de todo ello, de lo que hemos pagado y de lo que seguiremos pagando, se trata de unas malas carreteras: el pasado mes de enero, sin ir más lejos, uno de los ingenieros nos explicaba a los diputados y diputadas miembros de la comisión cómo si se hubiera "respetado" el proyecto original de la vía de acceso al aeropuerto en uno de los tramos que sufre inundaciones, para desalojar el agua de las precipitaciones habría hecho falta construir un canal sin apenas pendiente de 30 metros de ancho y 1,5 kms de longitud hasta el mar. En su lugar se construyo una balsa (la de Sant Jordi), a la que se bombea el agua cuando llueve para que no se inunde la carretera. Y que hemos pagado aparte.
Todo ello debería hacernos reflexionar sobre qué ha hecho que fallen todos los "controles" en la administración en el manejo de dinero público, y ello se debe a la constelación de intereses entre empresas privadas constructoras de obra pública, entidades financieras (que han ganado el doble al haber sidor rescatadas también con dinero público), políticos y funcionarios. En la comisión hemos podido apreciar no sólo contradicciones importantes entre unos y otros, sino mentiras que han quedado acreditadas y se castigan con entre 6 meses y un año de prisión, porque esto no es un juego de niños.
No se trata de "pedir cuentas" por un tema, como han dicho quienes no querían que se crease la comisión de investigación, "de hace 10 años", "y encima de Eivissa". Se trata de una importante hipoteca que seguiremos pagando durante muchos años las ciudadanas y ciudadanos de Formentera, Eivissa, Menorca y Mallorca, que no vamos precisamente sobrados de financiación pública para mantener los servicios más básicos como la educación o la sanidad. Y si se da la más mínima posibilidad de recuperar un solo euro público de esta gran estafa, y de que no se vuelva a repetir, ya habrá valido la pena.
