La sentencia del caso Nóos y sus derivadas son el último episodio del régimen decadente del 78. La mayoría de la gente no entiende cómo es posible que Urdangarín, Torres y Matas sean culpables, y vayan a la cárcel, pero Cristina la infanta quede libre. Libre, pero no inocente, ya que el pago de una multa de 265.000 euros (que indirectamente, pagaremos las contribuyentes) equivale a reconocer que ella también se enriqueció ilícitamente a partir de las actividades fraudulentas del Instituto Nóos.
De la misma manera que a Urdangarín se le abrían con tremenda agilidad las puertas de las administraciones públicas y el engorroso procedimiento administrativo se ponía a sus pies cual alfombra roja por ser quien era (duque de Palma, un miembro más de la familia real, además de deportista de élite), Cristina la infanta es imposible que desconociera y no fuese consciente de las actividades de su marido. Cualquier persona normal, con una relación de pareja normal (como ellos mismos se esforzaban en hacernos ver que eran, antes de todo este desaguisado), lo entiende.
Sí que es positivo que a los cabecillas de este robo a mano armada se les hayan impuesto penas considerables, aunque sean menores que las solicitadas por la fiscalía, y que vayan a la cárcel: que todo el mundo sepa que la corrupción se castiga, que esto de la lucha contra la corrupción va en serio. Pero no lo es que quede en evidencia que aquí hay gente intocable, entre ellos los miembros directos de la familia real, mientras el Constitucional arremete contra los diputados y diputadas catalanes, incluyendo a la Presidenta del Parlament, elegidos por el pueblo y supuestamente inviolables, según la Carta magna. Y no por robar. Algo pasa, es grave, y trasciende la propia corrupción crónica.
Pero en cualquier caso, hay algo que en mi opinión podría compensar en buena medida la indignación por la corrupción política -que sigue siendo junto al desempleo una de las preocupaciones de la mayoría de ciudadanas y ciudadanos-, y sería restituir los daños causados por la corrupción. Dicho de otra forma: que más allá de asumir responsabilidades políticas y penales, aquellos que han robado dinero público (o se han beneficiado del robo), devuelvan un dinero que es de todas y todos.
Y en la sentencia de Nóos, más allá de los condenados, se debería haber señalado a los responsables subsidiarios de este robo público, que en este caso son más que evidentes: el Partido Popular y la Casa Real. Por ahora, seguiremos esperando.
