Faltan pocos días para que se consume la amenaza de huelga convocada por los representantes de los taxistas, tras el anuncio del Govern de crear un servicio de autobuses desde el aeropuerto con los principales destinos turísticos. Las posturas iniciales apenas han sufrido cambios desde el inicio de la crisis, aunque el colectivo trata de obtener contrapartidas ante lo que parece política de hechos consumados.
Muchos ciudadanos consideran que la posición de los profesionales es puramente corporativa y que luchan por salvaguardar sus privilegios frente a la mejora de la movilidad, que supondría la implementación de una mejor red de transporte público, más accesible para el nuevo modelo de turista, que no compra un paquete diseñado por los turoperadores. Por su parte, los autónomos de Palma y de la Part Forana, así como los miembros de CAEB y PIMEM consideran que la propuesta de la Consellería no beneficia a los residentes y pone en peligro la viabilidad de una actividad que sostiene 3.000 familias en Mallorca.
Con la ampliación de las paradas en la mayoría de líneas regulares, presentada por el gabinete de Marc Pons, se maquilla en parte el público objetivo al que se dirigía inicialmente la oferta, aunque la obligación del Ejecutivo también es la de promover las infraestructuras que mejoren nuestro calidad de vida y asegurar las comunicaciones para todos los que precisan desplazarse, independientemente de su origen y residencia. Lo que resulta más reprobable es la ausencia de diálogo previo, la falta de sensibilidad con los afectados y el simplismo de la solución planteada.
Implementar la red de transporte colectivo es una incuestionable prioridad para todas las sociedades desarrolladas, que no puede recibir contestación si se realiza con criterios de eficiencia y proporcionalidad, especialmente en superficies tan limitadas como las insulares, que no permiten el consumo masivo de territorio. También es cierto que no sería una experiencia inédita, ya que otros grandes aeropuertos disponen de medidas similares, pero su distancia con la capital de referencia y una oferta combinada suponen notables diferencias con la idoneidad de su equivalencia palmesana.
La tozudez de ambas partes puede condenarnos a sufrir paros estratégicos en fechas decisivas, pero frente al instinto de supervivencia de una parte, las instituciones deberían mostrar un talante más conciliador y no despreciar alguna de las alternativas esbozadas en los diferentes encuentros celebrados entre las partes en conflicto. El excesivo precio del billete de autobús para los no residentes en Palma y la competencia exclusiva de la EMT en la prestación de transporte urbano debe ser un escollo para que no solo se incremente las frecuencias, sino que se establezca una verdadera línea de ‘shuttle bus’ con la estación intermodal, un núcleo de transporte como existe en pocas ciudades de nuestro entorno. Con un vehículo lanzadera cada pocos minutos y una intensidad de la oferta actual en tren y autobús desde la plaza de España se podría solventar la disputa y sin elevar el gasto público en demasía. Con su programa, el Govern desaprovecha la oferta actual y evita que la mejora alcance a todos los que viven y nos visitan, sea cual sea su puerta de acceso, afectando negativamente las concesiones de Transports de les Illes Balears y los trayectos de SFM, así como el alquiler de coches que se ofrece en Son Sant Joan.
La prolongación de la línea metropolitana con Son Espases, incluso la recurrencia de crear un ramal con el aeropuerto como la que promovió la compra del monorraíl empleado en la Expo de Sevilla, así como la interconexión de los diferentes sistemas de transporte en la modalidad combinada deberían explorarse antes de iniciar una actuación que parece propia de épocas de dispendio o despilfarro, pero que no parecen prioritarias en tiempos de crisis y déficit público. La estructura de las zonas turísticas escogidas y la dispersión de la planta hotelera y residencial hará que el problema se traslade a cada municipio, donde los taxistas locales deberán sustituir a los que operan en Palma, para llegar a cada destino final, lo que obligará a una ampliación de las flotas en algunos municipios, aunque su concentrada rentabilidad no garantizará que el transporte interno en destino ofrezca las soluciones prácticas que ansía el Govern y que son la fuente del problema.
Es probable que el colectivo de taxistas pierda la disputa y que el coste de las licencias, por el que se han pagado verdaderas fortunas, sufra una minusvalía, que provocará la eliminación de cientos de puestos de trabajo, pero el grave impacto económico llegará como consecuencia de la imposibilidad de coordinar en el aeropuerto las necesidades reales de la demanda, con el consiguiente desgaste para la imagen de la isla, que puede conllevar un coste económico desmedido si la contrata no lograra el retorno suficiente.
