A diferencia del AVE, las autopistas de peaje o los aeropuertos sin aviones ni pasajeros, el aeropuerto de Palma es uno de los negocios más rentables del Ministerio de Fomento y por ende, del Estado. Él solito genera unos 150 millones de beneficio neto al año, y junto con el de Eivissa, representa aproximadamente una cuarta parte de los ingresos de todos los aeropuertos de la red de AENA. Más del doble de lo que el Estado destina vía presupuestos generales al descuento de residente, que en los últimos tiempos el gobierno de Rajoy intentaba regatearnos.
Las columnas llenas de publicidad o las tiendas "pasarela" de paso obligatorio para los usuarios son la metáfora de un aeropuerto globalizado (en el sentido neoliberal) y volcado no a su sentido originario, de servicio público, sino a ganar dinero y a las cifras. Las cifras récord de pasajeros, que tan poco benefician en la práctica ni a nuestra sociedad ni a nuestro medio ambiente, son el objetivo de un ente en el que la privatización (el 49% de la sociedad pertenece a capital privado de todo tipo, incluyendo fondos de inversión en las islas Caimán) ha supuesto otra vuelta de tuerca en ese modelo.
Más pasajeros y más vuelos, tampoco implican mejoras ni para los trabajadores y trabajadoras del aeropuerto (nunca olvidaré el relato de los trabajadores de tierra, durmiendo en el coche, en el párking del aeropuerto, para enlazar horarios entre contratos para llegar a los 1.000 euros), ni en la calidad del servicio que ofrecen las compañías aéreas, ni en el bienestar de unos vecinos, especialmente los de Sant Jordi pero cada vez de más pueblos castigados por el ruido de despegues y aterrizajes incesantes, especialmente en verano.
Mientras esto es así, aquí tenemos unas instituciones preocupadas por otros parámetros, con otra visión de cómo deben ser los servicios públicos. Sin embargo, el margen de decisión de nuestras instituciones es prácticamente nulo frente a decisiones tomadas de manera absolutamente centralista y en clave de empresa privada . Tanto para Madrid como para los accionistas, nuestro aeropuerto (como nuestra comunidad) es una máquina de fabricar dinero. Poco les importa los impactos negativos de tan ansiada actividad. Eso sí que lo pagamos nosotros. Por eso la previsión de intensificar vuelos y pasajeros las próximas temporadas es la gota que ha colmado el vaso...
¿De qué nos sirve intentar regular aspectos clave del turismo, como el alquiler vacacional, establecer techos de plazas, proteger espacios naturales o invertir en mantener infraestructuras básicas como las depuradoras que acaban desbordadas por decisiones tomadas en otra parte y al margen de nuestras necesidades? Si queremos ser dueños de nuestro destino, y no meros espectadores pasivos de esta especie de lento suicidio, empieza a ser hora de levantar la voz. En eso también consiste la democracia, y no sólo en votar o quejarnos con impotencia porque aquellos a quienes votamos no tienen capacidad para incidir sobre una herramienta, "nuestro" aeropuerto, que es clave para definir qué tipo de sociedad queremos construir: ¿servicio público o negocio?. Sólo nuestra fuerza y el grito de sentido común de toda Mallorca nos permitirá borrar las comillas.
