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APTUR-Baleares y ASCAV, asociaciones de alquiler vacacional de las Islas Baleares y de Canarias, que suman más de un millar de socios y representan además de 75.000 viviendas, se unen en su batalla para conseguir una regulación justa del alquiler vacacional adaptada a la realidad.
Los dos archipiélagos son potencias y referentes de turismo a nivel mundial y tienen similares características geográficas, económicas y sociales. Aún así, tienen a fecha de hoy unas restricciones no justificadas que se traducen en una práctica prohibición a la vivienda vacacional, que limita no sólo el derecho a la propiedad, sino también el derecho al libre servicio.
Ante la desidia de los dos gobiernos autonómicos al dar cobertura legal a una realidad latente y en crecimiento, y para dar seguridad jurídica no sólo a los propietarios e intermediarios de las viviendas, sino también a los millones de turistas que eligen anualmente esta modalidad de alojamiento, empiezan un camino conjunto solicitando audiencia a la Secretaría de Estado de Turismo, Matilde Asián.
En Canarias el alquiler vacacional está regulado por el decreto 113/2015 de 22 de mayo. Según ASCAV, este decreto no se ajusta al compromiso del Gobierno de Canarias de llevar todas las viviendas vacacionales de la situación de alegalitat a la de legalidad. El decreto vulnera principios como la libertad de competencia o el derecho al libre uso de la propiedad, y ha generado un caos normativo e inseguridad jurídica.
En las Islas Baleares, el borrador de anteproyecto de ley para la reforma de la Ley de Turismo de las Islas Baleares establece techos, zonificaciones y requisitos de difícil cumplimiento para legalizar la vivienda vacacional en general. Establece también licencias de cinco años, revisables en cualquier momento, para viviendas a edificios plurifamiliars, generando inseguridad jurídica.
El borrador, además, establece requisitos de aprobación previa por parte de las comunidades de propietarios de las viviendas plurifamiliars, invadiendo competencias estatales y contraviniendo la Ley de Propiedad Horizontal. Por otro lado, la propuesta de zonificación del borrador, que indica que los consejos insulares y el ayuntamiento de Palma decidirán las zonas donde se permitirá la vivienda vacacional, genera inseguridad jurídica.
