APTUR-Balears, la asociación del alquiler vacacional en Baleares ha declarado la guerra a Terraferida al considerar que este colectivo intenta criminalizar el alquiler vacacional. Aptur considera que Terraferida no ha elaborado ningún estudio sobre alquiler vacacional tal y como lo presentó el sábado, sino que se ha limitado a recoger los datos que desde hace dos años están publicados en insideairbnb.com.
"El informe presentado acusa injustamente a miles de propietarios de actuar ilegalmente" asegura el colectivo de alquiler vacacional. En este sentido afirma que "no es obligatorio que la plataforma Airbnb publique el número de licencia de las viviendas, y el hecho de no mostrarla no permite deducir que estas viviendas no dispongan de ella. De hecho, en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos hay entre 12.000 y 13.000 viviendas con licencia y la mayoría de ellas, posiblemente, se encuentran publicadas en la web de Airbnb. Por otro lado, una vez que un propietario entrega el DRIAT (Declaración Responsable de Inicio de Actividad Turística) y espera la licencia, la vivienda se puede empezar a comercializar legalmente".
Por otro lado, entre otros errores, APTUR-Balears ha detectado que Terraferida confunde propietario con comercializador. "No se puede decir que el alquiler vacacional sea un negocio centralizado” que funcione como una multinacional ya que, en su mayoría, el alquiler vacacional está formado por pequeños propietarios. Actualmente hay empresas que comercializan legalmente el alquiler de propietarios pequeños que no tienen tiempo, conocimientos informáticos o de idiomas para desarrollar esta tarea, pero estas empresas no son en sí mismas propietarias de las viviendas gestionadas".
También discrepan de la conclusión de que el alquiler vacacional provoca un incremento del precio de la vivienda por parcial, falta de argumentación. Además sostienen que "parece que se quiera buscar un único culpable del aumento del precio de la vivienda que ha tenido lugar en todo el Estado, sin querer analizar otros factores más complejos. El estudio, lejos de arrojar luz, genera confusión sin ofrecer más soluciones que la prohibición".
La criminalización del alquiler vacacional que hace el estudio ha generado indignación e inseguridad entre los propietarios, que se añade a la preocupación generada por el anuncio del Govern de les Illes Balears de imponer sanciones a partir de 20.000€, sin especificar a quién se sancionará o por qué tipo de falta. Aún así, desde APTUR-Balears se quiere mandar un mensaje de tranquilidad a todos aquellos que aparecen etiquetados e injustamente criminalizados en el mapa de Terraferida.
Finalmente, APTUR-Balears pide a la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme que tranquilice a los propietarios que legalmente, con licencia turística o a través de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), se dedican al alquiler vacacional y que reconozca la importancia de esta actividad para la economía de Baleares.
