“Este verano estará prohibido el alquiler vacacional en Palma”. Así, sin anestesia y sin que le temblara, siquiera, el pulso lanzó la misiva el futuro alcalde de Palma (¡que Dios nos pille confesados!).
Rápidamente los medios digitales subieron el anuncio a sus webs, las radios locales buscaban reacciones entre los afectados, los periodistas se apresuraban a escribir noticias para cada uno de sus periódicos. Cundía el pánico. Otro gran anuncio del regidor de Urbanismo de Cort. Este, tampoco lo llevará a cabo él (aunque, bien pensado... ¡como ninguno de todos los que ha presentado a bombo y platillo!) Y es que no se nos tiene que olvidar que el próximo mes de junio, el Ayuntamiento de Palma, como si de un pueblo de dos mil habitantes se tratara, cambiará de alcalde a mitad de legislatura.
Si bien la noticia tiene su qué, lo curioso viene cuando uno se pregunta el cómo. ¿Cómo piensa el actual equipo de gobierno prohibir el alquiler vacacional en la ciudad? La respuesta, cuanto menos interesante, es aplicando la Ley Delgado. Sí señores, sí; la Ley 8/2012 del 19 de julio del turismo de las Islas Baleares prohíbe el alquiler vacacional en viviendas plurifamiliares. Para que nos entendamos; un plurifamiliar se refiere al 1º B o al 2º 3ª de una finca.
Cabe recordar que en el año 2012, y durante la tramitación de la citada ley, los mismos políticos que hoy utilizarán esta normativa para prohibir el uso turístico alegando que será buena para garantizar el acceso a la vivienda a los vecinos de Palma, la criticaron duramente en su día asegurando que esta solo “favorecía a los hoteleros”, “que el Partido Popular estaba al servicio de los más ricos”, etc, etc, etc (ya saben a qué discursito me refiero). Esta es la gran hipocresía de la izquierda. Una misma regulación, dos mensajes radicalmente opuestos según interese al consumidor.
Lo destacable del tema es que desde el año 2012 la ley está vigente, y por tanto, estos dos años de gobierno de izquierdas, el alquiler vacacional en plurifamiliares en Palma ya estaba prohibido. Aun así, a nadie le ha preocupado lo más mínimo. Y para muestra, un botón. En el año 2016 se ha inspeccionado un irrisorio 0,12% de la oferta.
Ha sido durante estos últimos años que el crecimiento de este tipo de turismo ha sido exponencial. Así lo dice un informe que maneja el área de urbanismo (aunque no se ha dejado claro si este informe lo ha hecho el amiguete de MÉS, ese que está recibiendo sistemáticamente contratos a dedo por todas las consellerías y regidurías dirigidas por este partido político. Sí, a fecha de hoy y a la espera de revisar todos los contratos, el tipo ya se ha llevado más de 150.000€. Nada mal.)
Lo que no queda claro del todo es si la nueva ley en la que está trabajando la Consellería de Turismo estará o no para antes de verano y será con esa normativa con la que se actúe en esta temporada. Y lo digo porque entre las informaciones que se han dado sobre los inspectores y las sanciones, parece que ya corresponden a la nueva normativa y no a la actual. Digamos que el Sr. Noguera ha hecho un “spoiler” de la nueva Ley Turística. Es por eso que se entiende el malestar del gobierno ante este anuncio.
Ah, así como dato curioso del spoiler, se pretende duplicar el número de inspectores. Podemos afirmar, entonces, que esta temporada se revisará un 0,24% de la oferta de vivienda vacacional. ¡Asusta!
Al final de los finales, y por eso de ir resumiendo, parece que este verano, al igual que el del año pasado y el otro y el otro, estará prohibido el alquiler vacacional en Palma. Nada nuevo bajo el sol.
