Entre 20.000 y 40.000 euros. Esta es la horquilla económica con la que se podrá sancionar el ofrecer en el mercado el uso de una vivienda vacacional sin permiso. Esto será considerado como una infracción grave que afectará al propietario, al explotador y al comercializador y la sanción se aplicará por cada vivienda.
Una mayor dureza en el régimen de sanciones económicas es uno de los principales cambios que ha aplicado el Govern en el nuevo proyecto de modificación de la ley turística que se aprobado hoy para enviar al Parlament y que ha sido presentado por el vicepresident, Biel Barceló.
Una de las numerosas debilidades de la ley de turismo vigente hasta el momento era la carencia de medidas sancionadoras orientadas a los comercializadores de viviendas, como por ejemplo las plataformas digitales. El proyecto de ley declara como responsables de las infracciones relacionadas con la comercialización de estancias turísticas a viviendas ilegales tanto a los propietarios del inmueble, como a los posibles explotadores y a los comercializadoras.
De esta manera todas las plataformas digitales están obligadas a exhibir de forma visible en las webs el número de registro legal de las viviendas que oferten.
No es la única novedad importante incorporada en el texto a partir de las numerosas alegaciones (casi 300) presentadas por entidades, administraciones y particulares.
Otro aspecto novedoso es que la ley permitirá a los ayuntamientos prohibir el alquiler turístico en todo el municipio o en parte de su término municipal si lo considera necesario. Los Consells insulares deberán realizar una zonificación en Mallorca regulando su uso pero cada ayuntamiento podrá aplicar sus criterios siempre que sean más restrictivos. En Palma será el ayuntamiento quien elabore esta delimitación, eso sí, con un informe vinculante del Consell de Mallorca.
El proyecto de ley deja claro que se considera como alquiler turístico todas las estancias con una duración inferior a un mes. Aparte de esto, se ha añadido un párrafo para garantizar el cumplimiento de las normas laborales. Con la definición de los servicios turísticos que tiene que prestar la persona comercializadora, también queda definido el personal que podría contratarse para llevar a cabo estos servicios, para exigir por ejemplo el cumplimiento de las normas de seguridad social, de prevención de riesgos u otros que exija el convenio colectivo que sea de aplicación.
En cuanto a edificios plurifamiliares se permitirá el uso vacacional bajo dos criterios. Por una parte se amplian las exigencias mínimas en este sentido: las viviendas en edificios plurifamiliares no sólo tienen que tener un contador individual y oficial de agua, sino también otros suministros energéticos, como gas o electricidad.
Por otro lado, para proteger los derechos de los vecinos de la comunidad, la ley exige que las personas alojadas en viviendas objeto de comercialización turística (en edificio plurifamiliar) tengan que firmar la recepción de la información escrita sobre las normas básicas de convivencia, así como la comunicación del número de inscripción turística de la vivienda.
Aparte de estos aspectos, la norma también establece, por primera vez, un techo real de plazas turísticas. Se suprimen las numerosas excepciones del principio de «plaza por plaza», poniendo freno al crecimiento ilimitado de plazas turísticas. Con esta medida, el Govern contribuye a moderar la masificación turística.
El proyecto de ley se remitirá la semana que viene al Parlament de les Illes Balears. Para que la norma pueda entrar en vigor antes del inicio de la temporada alta, se ha solicitado la tramitación por vía de urgencia.
El vicepresident Barceló ha anunciado un importante refuerzo de personal del area de inspección y sanciones para conseguir garantizar el correcto cumplimiento de la ley.
