viernes. 29.03.2024

Corrupción marca España

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Las actuaciones judiciales en Madrid de los últimos días han venido a certificar el carácter sistémico, global, de la corrupción en España.

 

A pesar de los esfuerzos de los fabricantes de argumentarios del PP por hacernos ver que el asalto a las arcas públicas al que nos hemos acabado por acostumbrar "es cosa de personas", cada vez quedan menos dudas de que las "personas" detenidas, investigadas y en determinados casos, juzgadas y condenadas no eran simples peones enfermos de ambición, ni alguien que "pasaba por ahí".

 

Eran y son responsables políticos del máximo nivel, "criados" en un ambiente de partido y de gestión en el que se naturalizaba el cobro de comisiones para engordar el poder y las redes del partido y los bolsillos de quienes aprovechaban un cargo orientado al servicio público a intereses puramente privados y altamente extractivos.

 

Los contratos y concesiones públicas, sobre todo de grandes obras e infraestructuras, han sido el caldo de cultivo en el que ese engranaje perfecto de políticos, empresarios y banqueros -con sus respectivas "puertas giratorias"-, e incluso periodistas Marhuenda style  ha funcionado a la perfección. 

 

¿Cuántos años hace que "personas" tan relevantes como el presidente del Gobierno de España o la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, conocían de las hazañas de Ignacio González y de las cuentas en Suiza? ¿No deberían hacer públicas sus cuentas e intereses privados en el extranjero quienes se quieran dedicar al servicio público? ¿Ha jugado algún papel facilitador -y por tanto cómplice- el Ministerio de Exteriores en todas esas operaciones empresariales de compraventa de activos financieros y compañías? 

 

En cualquier país democrático del mundo, bastaría mucho menos para que el presidente del Gobierno hubiese dimitido y se convocasen elecciones anticipadas. Sólo con las presiones políticas desveladas que se han ejercido -entre muchas otras- sobre los fiscales y el "método" para escoger al fiscal jefe anticorrupción merecerían dimisiones en cascada. 

 

Mientras eso no suceda, quienes sustentan con su apoyo a Rajoy y al PP al frente del gobierno del Estado -básicamente, Ciudadanos y PSOE- deberían hacérselo mirar, porque son cómplices de lo peor que pueda existir en política, que es traicionar cualquier vocación de servicio y aprovecharse del cargo para fines privados. Tal vez esto no suceda porque lo que está en juego no es sólo el gobierno, sino todo un régimen y la sistemática y sucia manera de proceder de quienes lo han parasitado.

Corrupción marca España