Hacienda hizo público el 30 de diciembre de 2016 en el Boletín Oficial del Estado la incorporación del municipio de Palma de Mallorca al Plan de Regularización Catastral para localizar construcciones no declaradas o declaradas de forma incorrecta.
El fin es adecuar la concordancia de la descripción catastral de los bienes inmuebles con la realidad inmobiliaria. Por ejemplo, todos aquellos inmuebles que hayan podido sufrir modificaciones que afectan al valor catastral y no se haya notificado adecuadamente ante el Catastro, serán notificados ahora por la detección de dichas alteraciones.
Ahora ha llegado el turno de Palma de Mallorca, y es por esto, por lo que dentro de poco Catastro comenzará a enviar la notificación de las nuevas valoraciones catastrales a los propietarios de aquellos inmuebles en los que se registraron cambios no declarados, y en consecuencia deberán afrontar el pago de las cantidades adeudadas en IBI a los ayuntamientos desde el año 2013, es decir, los últimos 4 años no prescritos.
El procedimiento se inició de oficio y será de aplicación hasta el 30 de noviembre de 2017. Hasta esa fecha, 310.948 serán los inmuebles revisados para localizar las ampliaciones, nuevas construcciones o reformas que no hayan sido notificadas.
Según Carmen Villa, directora general de Impuestalia, empresa dedicada en exclusiva a la Optimización Impositiva tanto en IBI´s y otros tributos asociados a la tenencia y transmisión de bienes inmuebles, “Esto no quiere decir que la nueva construcción se encuentre en situación de ilegalidad. La mayor parte de ellas cuentan con los permisos municipales para hacer las obras pero, por desinformación u omisión, los propietarios no avisaron en el Catastro, y esto influye directamente en el valor catastral de sus inmuebles y, por tanto, en el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles.”
La Dirección General del Catastro emplea, además de las inspecciones sobre el terreno, fotos aéreas y drones para obtener información, por lo que pérgolas, naves para guardar aperos de labranza, toldos, sombrillas, balsas de agua, terrazas que se han cerrado, ampliaciones de las casas para ganar unos metros al jardín o garajes construidos en la parcela pueden ser consideradas irregulares a efectos fiscales, a simple vista sin serlo.
En términos económicos, el coste por esta regularización será una tasa de 60 euros por cada inmueble que se detecte, y se destinará a pagar los trámites administrativos que genere esta regularización. Este importe se sumará al derivado del incremento por las construcciones o modificaciones no comunicadas, que varían dependiendo del tipo de omisión y del grado de ampliación del valor catastral.
“Se puede solicitar la revisión de la valoración catastral si se detectan discrepancias o errores” asegura Carmen, “cuando el contribuyente recibe la notificación de la propuesta puede ponerse en contacto con nosotros. Tiene 15 días para alegaciones si detectamos algún error, y sólo cobramos nuestros honorarios si hemos conseguido un ahorro para nuestro cliente”.
