¿Deberían las Islas Baleares tener un IVA especial? Canarias, Ceuta y Melilla ya tienen régimenes de IVA diferenciados y menores al resto del país por razones de insularidad y de ser territorios ultraperiféricos. ¿Por que no para Baleares? Esta es la respuesta que intenta contestar el análisis publicado por el Govern y que será la base sobre la que se negociará con Madrid un nuevo Regimen Especial.
En este documento dirigido por el doctor José Luis Groizard se explica que las barreras a las compras de bienes de consumo procendentes de la Península por la insularidad equivale a un arancel de entre el 13 y el 17%. Esto equivale a un freno de consumo de 800 millones de euros anuales.
Ante ello se propone la reducción uniforme de todos los tipos, general, reducido y superreducido, que respetaría los límites mínimos establecidos para el tipo general y reducido del 15% y 5% respectivamente.
El informe argumenta que la reducción en la recaudación se compensaria por el aumento de consumo de bienes. Además el sistema de financiación autonómica no variaría como consecuencia de la reforma.
El estudio “Los costes de la insularidad de las Islas Baleares: evaluación de políticas actuales y propuestas de futuro”, es un documento de análisis, recogida de datos y de elaboración de pautas y propuestas de cara a la redacción de una nueva ley del REB.
Parte de la demanda del Grupo de trabajo para el nuevo REB, integrado por el conjunto de instituciones, fuerzas políticas, agentes sociales, económicos y cívicos de Baleares, y recoge en gran medida las aportaciones hechas para conseguir un mecanismo real de compensación de los desajustes económicos causados por la discontinuidad territorial, que el primer informe de la UIB de 2014 cuantificaba en cerca de 8.000 millones de euros anuales.
La primera parte del informe se dedica al análisis de la realidad sobre la política en puertos y aeropuertos, sobre el transporte de personas, mercancías, residuos e hidrocarburos por vía marítima y de personas por vía aérea, así como también de los agravios en referencia al acceso de los ciudadanos de las islas a la sanidad y la educación en condiciones de igualdad con respecto a los ciudadanos de la península.
En un segundo bloque, el trabajo dirigido por Groizard evalúa propuestas de medidas de cariz fiscal que se tendrían que aplicar en Baleares el fomento de la inversión y la exportación para empresas radicadas a las islas.
También hay un apartado dedicado a la pertinencia de la creación de un Fondo de Insularidad, que el informe propone que esté dotado inicialmente por la Administración del Estado a partir del déficit inversor de los últimos 10 años, en referencia a la media de las inversiones territorializadas destinadas a las comunidades autónomas.
Finalmente el informe también propone la adopción otras medidas complementarias, como el Observatorio de la Insularidad, y plantea que se disponga de herramientas estadísticas conjuntas con el Estado sobre el seguimiento de precios y costes, y facilitar el acceso al control de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, como forma de mejora del funcionamiento de los mercados.
