El Consell de Govern ha aprobado el Decreto ley de medidas urgentes en materia de transporte terrestre para hacer más efectiva la lucha contra el intrusismo en este ámbito.
La normativa permite abordar la temporada turística con instrumentos legales que permitirán dar garantías jurídicas a determinados aspectos de la actividad del sector como la contratación entre las distintas empresas de transporte discrecional para afrontar puntas de demanda y luchar contra la competencia ilegal.
La regulación da cobertura jurídica a los contratos que pueden realizar las empresas de transporte entre ellas para cubrir puntas de demanda no planificadas que suelen producirse en temporada alta.
La normativa tipifica como infracción el anuncio de servicios de transporte ilegales, en diferentes medios y soportes como páginas web o redes sociales. Esta actividad figura expresamente como sancionable con el objetivo de facilitar la acción inspectora, con multas de entre 6.000 y 12.000 euros.
Por otro lado, se deja claro que las empresas de transporte discrecional (tipo transfer) no pueden hacer captación de clientes en la calle o en puntos de gran afluencia como el aeropuerto. Sus contrataciones tienen que ser previas.
Esta era una de las medidas claves del nuevo texto normativo dado que la actividad de captación ilícita de clientes por parte de transportistas no autorizados está generando una parte importante del intrusismo en el sector del transporte. Se esta creando una competencia ilícita al sector del taxi, y es especialmente grave en la isla de Mallorca.
También se clarifica la regulación de los vehículos de alquiler con conductor para evitar el fraude en los desplazamientos de estos vehículos desde otras comunidades autónomas.
El Decreto ley permite una mejor regulación de las normas de la definición y de los modelos de contratación de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), sobre todo para controlar los desplazamientos de estos vehículos autorizados en otras comunidades autónomas; así como la capacitación de los consejos insulares para crear y regular licencias de taxi y VTC de carácter insular.
Es una medida de control del fraude especialmente de aquellos vehículos de turismo con conductor que trabajan en las Islas Baleares durante la temporada alta. Estos vehículos no pueden operar fuera de su comunidad más de un 20 % del tiempo, cosa que tienen que cumplir, y tendrán que demostrar su entrada y su salida en una fecha concreta.
