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Lunes, 26 de junio de 2017 | Leída 26 veces
OPINIÓN

Ilegalizar partidos corruptos

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Tomeu Garcies |

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El "renovado" PP balear de Gabriel Company, el mismo que rebajó su código ético en su reciente congreso, sigue insistiendo en aquel mantra de que la corrupción es cosa "de personas", y no de partidos.

 

La última vez que lo han hecho ha sido en referencia al diputado y concejal Gijón y las graves acusaciones que pesan sobre él, y que por mucho que creamos en la presunción de inocencia, generan incomodidad en toda la sociedad y estoy seguro que en el propio Partido Popular. Lo de la Platja de Palma y Calvià va mucho más allá de cualquier código ético.

 

Pues bien: resulta que en la modificación que el propio PP impulsó del Código Penal en 2012 introdujo el concepto de "responsabilidad penal de las personas jurídicas", que permite disolver partidos políticos y empresas por los delitos cometidos por sus miembros, en caso de ser estos reiterados. Y está claro que lo del PP y su presunta financiación irregular no son "casos aislados" de corrupción, sino algo en clave de "partido como personalidad jurídica", ya que a los casos de Balears hay que sumar otros tantos en Valencia o Madrid, la mayor parte de ellos abiertos en este momento y en proceso judicial.

 

Como también se ha abierto hace pocos días en el Congreso de los Diputados una comisión de investigación sobre esa presunta financiación ilegal, y el PP ha dado órdenes a todas sus sucursales de impedir la colaboración con la misma. Es normal que estén nerviosos, y es normal que aquí en Baleares pongan en cuestión que el Parlament pueda enviar cualquier documentación a las Cortes, con la excusa de que sobre la financiación irregular del PP, un asunto "tan específico", aquí nunca hubo una comisión de investigación. En fin... Aunque para ser rigurosos, el mismo caso del túnel de Sóller por poner un inicio a tanto saqueo de arcas públicas, también iba de cobro de comisiones y de financiación del partido.

 

El juez Velasco, que instruye la llamada "trama Púnica" y el "caso Lezo" (eso sí, por el momento), volvió a recordar esta semana -la misma semana en que la fiscal Laura Pellón volvía a pedir que el PP balear devuelva dinero público desviado a Over Marketing para su financiación- en Palma que con la Ley en la mano se puede suspender de actividad e incluso disolver un partido político.

 

En lugar de exhibir nervios, recortar códigos éticos o utilizar la estrategia del ventilador o la del plasma, lo mejor que podrían hacer los dirigentes del PP es pedir disculpas en público, admitir los errores cometidos y sanear el partido. De no hacerlo, el futuro que se les presenta, por mucho que hoy presidan la Moncloa, es incierto.

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