El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha condenado al Govern balear a indemnizar a una empresa con 8.267.425 euros, en la tercera sentencia condenatoria por la desclasificación de la zona de Biniorella en menos de un mes, después de las dictadas anteriormente por 7,5 y 19,2 millones.
La sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJIB ha estimado el recurso de Fasillar SL contra la administración autonómica tras la presunta desestimación, por efectos del silencio administrativo, de una reclamación patrimonial que presentó en 2009 pidiendo 11,5 o bien 8,2 millones por daños y perjuicios por la desclasificación de unos terrenos en la urbanización de Biniorella en Andratx. Además de los 8,2 millones, la condena contempla también los intereses legales desde 2009.
La reclamación era por los efectos de la entrada en vigor de la Ley de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible en Baleares de 2008, que provocó la desclasificación de dichos terrenos convirtiéndolos en suelo rústico de especial protección, calificados como Área Natural de Especial Interés (ANEI).
En la sentencia, la sala apunta que se trata de una indemnización de daños y perjuicios ocasionados por la desclasificación de unos terrenos "que aún no cuentan con construcciones" y por tanto acerca de parcelas "sobre las que ya no se va a poder construir".
Añade que, incluso aceptando que se trata de un paisaje abierto y natural, "lo que los artículos 138.b) del Texto Refundido de la Ley del Suelo y 98 del Reglamento de Planeamiento protegen es el impacto que ocasionan los proyectos constructivos", señalan los magistrados en la resolución.
La sala indica que los terrenos afectados, 30.514 metros cuadrados situados en dos parcelas siguiendo la línea litoral entre Camp de Mar y Cala Blanca, estaban dotados de la totalidad de los servicios urbanísticos que determinaba el planteamiento urbanístico, con un porcentaje de urbanización ejecutada por los promotores del 75,96 % según una prueba pericial.
El tribunal considera que lo indemnizable son los gastos y costes generados en el proceso urbanizador que han devenido inútiles y la pérdida o reducción de la iniciativa y promoción de actuaciones de urbanización o edificación. Cuantifica ambos conceptos en 18.623.924 euros, si bien señala que la indemnización que solicitó la promotora al Govern fueron 8.267.425 euros y es la cuantía que fija. La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de casación.
Las tres sentencias condenatorias al Govern por la desclasificación de la urbanización de Biniorella suman unos 34,9 millones de euros en indemnizaciones.
