A partir de ahora y durante un año no se concederá ni una licencia de alquiler turístico más en Baleares. Esta moratoria será la primera repercusión que tendrá la nueva ley turística que ha sido aprobada hoy en el Parlament y que implica importantes cambios en la regulación del alquiler vacacional.
Durante la vigencia de esta moratoria los Consells de cada isla y el Ayuntamiento de Palma deberán fijar unas zonas donde se permita el alquiler turístico. De esta manera el Govern quiere evitar un efecto llamada que conduzca a un incremento de plazas turísticas de este tipo.
De hecho, el vicepresidente y conseller de Turismo, Biel Barceló, ha defendido que la modificación de la ley de turismo de Baleares "fija por primera vez un techo real de plazas turísticas" y, que, además "pone orden en el denominado alquiler turístico".
Barceló ha justificado la necesidad de esta ley en que la anterior prohibía el alquiler vacacional en viviendas plurifamiliares y no tenía en cuenta la problemática actual.
Precisamente en este aspecto surgen las principales dudas ahora mismo incluso después de aprobar la ley. Y que Podemos ha votado en concreto en contra de la posibilidad de que las viviendas plurifamiliares puedan acoger usos turísticos.
Después del resultado de la votación, y no sin pocas dudas el Govern interpreta, con la ley tal y como ha quedado que se permite uso vacacional en adosados, pareados y chalets y también en viviendas plurifamiliares siempre y cuando sean la residencia habitual del propietario y durante un máximo de 60 días al año.
En cuanto al límite de plazas se fijará en las que existen ahora ya reguladas pués para dar de alta una nueva licencia se deberá dar otra de baja, lo que nunca antes había ocurrido.
Además la ley introduce medidas de recorte turístico, ya que las plazas dadas de alta desde la ley de 1999 si se dan de baja no podrán dar de alta nuevas. Con ello, se calcula que en Mallorca una 100.00 plazas si se dan de baja desaparecerán.
La ley da al Govern herramientas para actuar con contundencia contra la oferta ilegal. En el caso de que propietarios y comercializadoras no hayan presentado la autorización las sanciones serán de entre 20.001 y 40.000 euros, y si se detecta comercialización de oferta ilegal, será hasta los 400.000 euros.
Además, se considerará cualquier estancia inferior a un mes como turística. Entre las novedades de ultima hora que incorpora la ley se encuentran por una parte que el alquiler turístico en la vivienda habitual no podrá superar los 60 días. También se fija un máximo de 3 viviendas para destinarlas a este fin de un mismo propietario.
