Los propietarios de pisos de edificios de cualquier zona de Baleares que los alquilen a turistas se enfrentan a partir del martes a multas que oscilan de 20.000 a 40.000 euros, según recoge la nueva ley del alquiler turístico de las Islas Baleares, que entra en vigor ese día.
En el caso de las inmobiliarias, intermediarios turísticos o plataformas digitales que los publiciten, como AirBNB o HomeAway, la sanción puede llegar a los 400.000 euros.
La nueva ley deja la posibilidad a los consells insulars de cada isla -Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera- y al Ayuntamiento de Palma de decidir si permiten el alquiler turístico en pisos, cuánto tiempo y en qué zonas.
Estas instituciones tienen un año para acordar qué hacen, aunque se prevé que mayoritariamente mantendrán la prohibición.
Con el fin de perseguir el alquiler ilegal en pisos, la Conselleria de Turismo pondrá en funcionamiento una plataforma electrónica para que los ciudadanos denuncien a los propietarios que los alquilen. En ningún caso las denuncias pueden ser anónimas y solo servirán para que los inspectores inicien su trabajo.
A efectos prácticos, el propietario que desde el martes tenga en su piso a un turista menos de 30 días, sin un contrato de arrendamiento y sin que el visitante haya pagado una fianza, está actuando ilegalmente y se expone a ser multado.
Además, la documentación que demuestre que la actividad es legal la debe aportar el propietario, lo que resulta un cambio sustancial hasta ahora que facilita mucho el trabajo de los 15 inspectores actuales, cifra que el Govern incrementará.
Para ayudar a los turistas, la conselleria creará una aplicación de móvil específica para que consulten si la casa que se pretende alquilar es legal o no. A día de hoy en Mallorca hay 15.000 viviendas con autorización para alquilar.
La ley permite alquilar a turistas si se trata de casas aisladas (chalés) o rústicas, adosados o medianeras de pueblos, siempre y cuando tengan la correspondiente licencia de la Conselleria de Turismo, requisito indispensable.
