España defiende que la tasa a las transacciones financieras, conocida popularmente como la "tasa Tobin", que once países europeos se han comprometido a poner en marcha no grave los derivados sobre deuda pública, ni los tipos de interés oficiales.
La cuestión ha sido abordada hoy en una reunión al margen de los encuentros informales del Ecofin y el Eurogrupo que se celebran en Luxemburgo, en la que se ha constatado el deseo de los países de cumplir con la creación del gravamen, pero también las dificultades que surgen según se avanza en las cuestiones más técnicas.
Para España es una "línea roja" que el acuerdo incluya gravar los citados productos, dado que se quiere evitar que la introducción de un impuesto sobre los derivados sobre deuda pública y los tipos de interés oficiales desincentive a los actores en los mercados, explicaron fuentes españolas a Efe.
Sin embargo, España mantiene ante todo su deseo de lograr un acuerdo, por lo que de cerrarse un consenso, se adherirá a él, apuntaron.
Pese a que hace meses que se logró un acuerdo en principio sobre varias cuestiones, los socios no han logrado resolver otras de carácter fundamental, como qué productos serán gravados, lo que impedirá que la tasa sea introducida en 2016 tal y como se estipuló en un primer momento.
"Tras la reunión, soy más optimista", aseguró el ministro austríaco de Finanzas, Jörg Schelling, quien reconoció no obstante que "aún hay preguntas delicadas por resolver", aunque esperó que "en la próxima reunión en octubre se estará en disposición de tomar nuevas decisiones".
Schelling defendió, además, "que se debe incluir tantos productos como sea posible y con una tarifa baja".
El ministro belga de Finanzas, Johan Van Overveldt, indicó recientemente que la tasa "tiene que centrarse sobre las partes y los derivados de carácter especulativo, pero ésta non puede tener efectos negativos sobre la economía real".
Van Overveldt afirmó que la última propuesta sobre la mesa no garantizaba que la tasa no tuviera impacto sobre la economía.
Durante el encuentro de hoy, Bélgica y Alemania han advertido de la necesidad de que se continúe avanzando, pero han insistido en la necesidad de llevar a cabo un "análisis muy concreto" sobre el impacto que tendrá la introducción del gravamen, indicaron fuentes europeas a Efe.
El ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, ha mostrado su escepticismo sobre la creación de la tasa, que considera "muy difícil" incluso en los once países que se comprometieron a hacerlo, según el diario germano Süddeutsche Zeitung.
Además, un país de menor tamaño, que las fuentes prefirieron no identificar, planteó también las dificultades a las que hace frente y su preocupación por los costes que habrá que asumir para la introducción del gravamen.
Otro socio, que las fuentes tampoco nombraron, ha presentado "más reticencias de las previstas a esta altura del proyecto".
Además, los ministros de Finanzas y Economía de los once países concernidos indicaron también la importancia de estudiar cómo se integrará la tasa en el contexto del proyecto de Unión de Mercado de Capitales que está en marcha.
Por ello, han pactado "continuar el trabajo técnico", con el objetivo de aclarar todos los detalles de manera precisa, para evitar rendijas o confusiones que puedan crear incertidumbres en los mercados, y volver a analizar los avances en la próxima reunión, que probablemente se mantendrá al margen del Eurogrupo que se celebrará el 5 de octubre.
El proyecto involucra a Alemania, Francia, Italia, España, Eslovenia, Austria, Portugal, Eslovaquia, Grecia, Estonia y Bélgica.
