El perfil mayoritario del autónomo balear se encuentra en el sector servicios, sin asalariados a su cargo, con una sola actividad, varón de 40-54 años (importante presencia 25-39 años), español, que lleva 5 años o más en su negocio, y que cotiza por la base mínima de cotización.
En Balears hay 94.544 personas que cotizan en el RETA, que representan el 2,9% del total nacional, de los cuales el 57,9% son trabajadores autónomos personas físicas (2,8% del total nacional), proporción menor que la media a nivel nacional (61%).
El resto (40.189) son autónomos integrados en sociedades mercantiles, cooperativas u otras entidades societarias, colaboradores familiares o parte de algún colectivo especial de trabajadores, esta proporción supone un porcentaje que la media nacional (3 puntos por encima).
Estos son algunos de los datos que se han puesto sobre la mesa en el marco de la jornada técnica que la Confederación de Asociaciones Empresariales de las Balears (CAEB), y la Fundación MAPFRE han organizado con el objetivo de analizar la figura del trabajador autónomo, los riesgos que les afectan y cómo deben tratar y gestionar sus medios.
En dicho encuentro han intervenido la presidenta de CAEB, Carmen Planas; el profesor de IE Business School, Fernando Amigo, y el responsable de Formación de MAPFRE en Balears Antonio Vázquez, encargado de presentar la ‘Guía para la protección del trabajador autónomo’.
Carmen Planas ha destacado que “en Balears, uno de cada cinco trabajadores es autónomo y, por ello, fomentar el espíritu empresarial y proteger a los autónomos es fundamental para mantener el dinamismo de nuestra economía porque Los autónomos, junto con las pequeñas empresas, constituyen uno de los principales pilares en la generación de empleo y de riqueza”.
Por su parte, Fernando Amigo ofreció en su ponencia una panorámica del trabajo autónomo en las Islas y abordó los retos y oportunidades que tienen los autónomos.
Existen una serie de aspectos que preocupan a este colectivo como el acceso a instrumentos de financiación, subvenciones y ayudas, necesarias para la innovación y la apertura de nuevas líneas de negocio; la formación y profesionalización como elementos importantes para la mejora del rendimiento y la competitividad.
Además, les preocupa la morosidad (pública y privada), así como las trabas administrativas y legales, para asegurar la continuidad del negocio y la estabilidad en el empleo. La equidad en el tratamiento laboral de la actividad y las prestaciones sociales (inactividad, pensiones, etc.). Por último, el proceso de digitalización de sus empresas motivado por el intenso ritmo de innovación tecnológica, que es quizá el reto más relevante y difícil de abordar.
Respecto a la Guía, Antonio Vázquez ha destacado que es una publicación que define los tipos de riesgo a los que se enfrenta un autónomo, así como las personas o elementos de su negocio que debe proteger. En concreto, en relación a su naturaleza los riesgos se agrupan en dos grandes categorías:
En este sentido, la Guía aconseja para el autónomo protegerse frente a todos estos riesgos que, si no se gestionan adecuadamente, pueden poner en peligro la existencia de cualquier empresa.
El documento aporta tablas y casos prácticos como, por ejemplo, un test de nivel de protección frente al robo o una tabla que clarifica las pensiones medias que recibe el autónomo ante contingencias como jubilación, viudedad, incapacidad, etc.
