Se preguntaba en voz alta el director de este medio esta misma semana si algún día hablaríamos de economía en el Parlament. Lo hemos hecho, esta misma semana, aprovechando el debate de política general, que se celebra anualmente.
En nombre de mi grupo parlamentario he tenido la oportunidad de defender las políticas públicas que en materia económica se han intentado desplegar en estos dos años de Acords pel Canvi, y que representan, medida a medida, lo que entendemos por una propuesta de transición económica y ecológica para nuestras islas.
¿Transitar hacia dónde? Pues hacia unas islas que sean referente de sostenibilidad y de más cosas, en el Mediterráneo, y no un referente de turismo de borrachera y otros excesos.
Medida a medida, empezando por el impuesto de turismo sostenible, y siguiendo con la regulación del alquiler turístico (un problema complejo aquí y en el resto del globo), vamos marcando los criterios de la que debería ser una nueva economía, basada en redistribuir la riqueza, penalizar la temporalidad, alimentar desde el turismo otros sectores como la agricultura o la industria, y reducir los impactos ambientales negativos de la actividad económica. Con esa misma filosofía procederemos a la regulacón de otros negocios tuísticos en este curso que comienza, como los rent-a-cars, los beach-clubs, party-boats o el famoso "todo incluído".
Todo esto, junto con el Plan de Industria, o el Plan de Ciencia e innovación, y el fomento de la economía social y cooperativa, son piezas de un puzzle que deja entrever el futuro de prosperidad compartida que perseguimos, y que queremos construir con diálogo, y en el que el restuído Consell Econòmic i Social puede jugar un papel fundamental como órgano estatutario de análisis, planificación y concertación, buscando consensos amplios con los agentes económicos y sociales en las principales medidas que se vayan desplegando. En agricultura, hemos avanzado también en el pago de ayudas, la valorización de las variedades locales y el fomento de la agricultura económica, que se encuentra en su mejor momento.
Por otra parte, la política social, con el objetivo principal de reducción de la pobreza, la precariedad y la exclusión, con medidas pioneras como la renta social garantizada, o las inversiones previstas en infraestructuras sociales tanto de dependencia como sociosanitarias, también contribuyen a mejorar la economía, porque activan indicadores de consumo pero sobre todo aportan seguridad a medio plazo a buena parte de la población, frente a la incertidumbre que tanto ha atenazado a nuestras islas.
Son solo algunas pinceladas de unas políticas del cambio que también tienen modelo económico, un modelo muy diferente del dejarlo todo en manos del "mercado": las y los políticos también tenemos nuestra parte de responsabilidad en garantizar, a través de la economía y su regulación, el bien común.
Con un poco de colaboración por parte del gobierno del Estado, con el mero reconocimiento de nuestra condición insular y un Régimen de compensación de las desventajas que sufrimos objetivamente en relación a la península, seríamos una comunidad imparable. Aquí el PP en la oposición, además de criticar, tiene la oportunidad de colaborar en ello, ya que gobiernan en España, y remar por una vez del mismo lado de quienes no queremos otra cosa que mejorar las vidas de nuestras ciudadanas y ciudadanos. De momento, ellos son más de boicots.
