Mientras la cuestión catalana sigue ocupando junto al fútbol el grueso de los telediarios y tertulias en los medios de comunicación, sin un ápice de vergüenza y autocrítica por el hecho de que en España volvamos a tener presos políticos y seamos la vergüenza de Europa, otras cosas pasan.
Por ejemplo, el testimonio ayer en el Congreso de los Diputados de uno de los policías de la Unidad de delitos económicos y financieros (UDEF), hablando de la "corrupción en estado puro" que se encontraron en la investigación de la trama Gürtel y la llamada "caja B" del Partido Popular. Un testimonio que se produjo a pesar de las presiones políticas recibidas para que no se siguiera investigando esta cuestión. Junto a M. Rajoy (que no es otro que Mariano Rajoy), se acreditan pagos a Álvarez-Cascos, Trillo, Arenas,... y toda la banda de espabilados que empezaron a campar a sus anchas en tiempos de José María Aznar.
El mismo partido y los mismos dirigentes que hoy se cargan el Estado de Derecho en nombre de la legalidad cobraron sobresueldos durante años, y actuaron como una verdadera trama criminal organizada, desmintiendo así aquello que suelen repetir ellos de que la corrupción es "cosa de personas, no de partidos", o que "en todo cesto hay alguna manzana podrida". Pues en el PP lo que está podrido también es el cesto, porque la forma de actuar era sistémica.
La misma impunidad con la que han contado hasta la fecha es la que les hace aplicar un artículo 155 de la Constitución, con la imprescindible colaboración de C's y PSOE, a modo de guillotina de la democracia, cargándose un gobierno legítimo y suspendiendo el Parlament elegido por el pueblo catalán en un acto sin precedentes. La misma impunidad con la que ayer Montoro intervenía las cuentas del Ayuntamiento de Madrid, no porque las cuentas no cuadren, sino porque al PP no le gustan las políticas de Manuela Carmena. La misma impunidad con las que los defensores del "Estado de derecho" se cargaron a jueces como Baltasar Garzón o Elpidio Silva. Ya veremos qué pasa con el juez que investiga el caso Lezo...
¡Ah, y por cierto! Sepan que a todo esto, Jaume Matas no irá a prisión gracias a un pacto con la Fiscalía, e Ignacio González, el expresidente de la Comunidad de Madrid, saldrá también de la cárcel, mientras el legítimo gobierno de la Generalitat sigue la mitad en prisión y la otra mitad en el exilio, aunque unos y otros serán fusilados por la jueza Lamela, que los ha matado civil y políticamente con el embargo de todos sus bienes para pagar el "coste" de un referéndum convocado a instancias de la decisión democrática de un Parlamento. ¿Pedirá la jueza también que el gobierno de Rajoy pague el despliegue policial y el barco de Piolín, que han costado mucho más que la consulta al pueblo catalán que tanto miedo les produce?
Y sí, confío en el sistema: en la justicia argentina para juzgar los crímenes del franquismo, y en la belga para evitar que haya más presos políticos en España.
