El Govern balear ha realizado en Mallorca 162 inspecciones referidas a la oferta ilegal del alquiler turístico desde que entró en vigor en agosto la nueva ley del alquiler turístico, mientras que los inspectores del Consell de Ibiza ha llevado a cabo 75.
Antes de que entrara en vigor en agosto esta ley, la Conselleria de Innovación, Investigación y Turismo abrió expedientes a 15 agencias de Mallorca que ofrecían alquileres ilegales, por lo que se les han impuesto sanciones por valor de 250.000 euros.
El vicepresidente del Govern y conseller de Turismo, Biel Barceló, ha informado de estos datos de inspección en el Parlament con ocasión de una pregunta formulada por Podemos en el pleno del parlament.
Las actuaciones realizadas en Mallorca e Ibiza, como visitas a pisos o rastreo de plataformas digitales, podrían conllevar nuevos expedientes sancionadores.
Durante su intervención, Barceló ha dejado claro que el objetivo del Govern no es "recaudar" dinero procedente de las sanciones, sino "poner orden donde no había" y que se cumpla la nueva ley.
El conseller ha recordado que la anterior ley de turismo también prohibía el alquiler turístico en pisos, pero "no ponía orden" porque no se cumplía.
Barceló ha recordado que en verano pasado el Govern se puso en contacto con los responsables de las plataformas digitales para que cumplieran con la nueva ley.
Algunas de estas plataformas "ya han actuado" y han retirado toda la oferta ilegal y "otras se están resistiendo más", ha comentado.
Además, el vicepresidente ha dicho que el mercado de alquiler residencial "comienza a estar activo de nuevo" ante la ilegalidad que supone el alquiler turístico de pisos. "Si no se cumple con la ley, se aplicará todo el proceso sancionador", ha dejado claro Barceló.
También ha destacado Barceló el hecho de que el Gobierno central no ha interpuesto ningún recurso de inconstitucional a la ley del alquiler turístico de Baleares, una "amenaza" que no se ha hecho realidad.
Las plataformas digitales que publiciten el alquiler de pisos a turistas en Baleares se exponen a multas que van de los 40.000 a los 400.000 euros.
