Esta semana el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha dado carpetazo al Plan de Transición Energética del Govern autonómico de Balears que contemplaba el cierre progresivo de la central térmica de Es Murterar, en Alcudia, una de las más contaminantes de todo el Estado y de Europa, con una primera fase de apagado de generadores que debería iniciarse en 2020.
El principal argumento del gobierno de España ha sido el de la viabilidad económica, cargado de falsedades, e inventándose una cifra de 200 millones de euros en un comunicado de prensa, cifra inédita en ninguna reunión de trabajo ni sustentable en informe técnico alguno. El coste económico (sin contar el coste ecológico de manenerla activa) del cierre de Es Murterar sería mucho menor, pero además no se puede hacer una valoración de la viabilidad económica de este cierre sin tener en cuenta, entre otras cosas:
- el mantenimiento de una central obsoleta, que seguiremos pagando con cargo a la factura eléctrica, camuflado en unos "costes del sistema" que rondan los 35.000 millones de euros en el conjunto del Estado;
- que ya estamos pagando, también con cargo a la factura eléctrica, y también los ciudadanos y ciudadanas de esta tierra, cientos de millones de euros para mantener al sector de la minería del carbón en España;
- que para más "inri", el carbón que se quema en Es Murterar no es español, sino que se extrae de Sudáfrica y Colombia, es transportado en grandes cargueros a Tarragona, y de ahí al Port d'Alcúdia con barcos lanzadera, y de los barcos a la centran el camiones, y que lo quemamos a razón de 1kg de carbón por kw/hora;
- que en Mallorca ya hay otras dos centrales mucho menos contaminantes (Cas Tresorer y Son Reus) que funcionan con ciclos combinados de gas, que pueden cubrir la reducción progresiva de la generación de la central de Es Murterar;
- que a pesar de que el coste de generación de energía en nuestras islas, por el hecho de ser islas, es tres veces superior a lo que cuesta generar energía en la península, el gobierno de España, a diferencia de Canarias, no apuesta en nuestras islas por un régimen especial favorable a las energías renovables, que nos harían más autosucientes, menos contaminantes y más competitivas.
Con este boicot activo y desleal a los planes del govern autonómico, el Reino de España no solo incumple sus compromisos contraídos a nivel internacional en la lucha contra el cambio climático, sino que pone en evidencia que la única regla económica que rige en la política energética es la de la subordinación a los intereses del oligopolio energético en detrimento del interés general. Una pena, que todas y todos seguiremos pagando cara.
