El Consell de Ibiza ha ordenado la apertura de un total de once expedientes en relación a viviendas turísticas irregulares y plataformas comercializadoras, en aplicación de la nueva Ley de Turismo que regula el sector. El total de las sanciones de estos expedientes pueden llegar a los 1,5 millones de euros, como establece la nueva ley balear.
De estos, tres corresponden a plataformas de reserva de alquileres de viviendas turísticas que operan a través de Internet. Son plataformas que operan exclusivamente en el mercado de Ibiza y que ofrecen viviendas de la isla sin mostrar el número de autorización de vivienda turística, tal como requiere la nueva Ley turística.
Estos tres expedientes son por falta muy grave y pueden comportar una sanción de hasta 400.000 euros para cada uno de estas plataformas.
En cuanto a las plataformas que operan en un ámbito territorial más amplio que la isla de Ibiza, la competencia de actuación corresponde en el Gobierno de las Islas Baleares. Sin embargo, el Consell de Ibiza también las puede expedientar para ofrecer la comercialización de viviendas concretas, con sanciones graves, como es el caso de los otros ocho expedientes en trámite.
Así, los otros ocho expedientes son de viviendas que ofrecen actividad de alquiler turístico sin ninguna autorización y que se promocionan a través de diferentes plataformas de Internet, entre las cuales hay las más conocidas. Estos expedientes pueden comportar sanciones de entre 20.001 y 40.000 euros, tanto para las plataformas comercialitzadores cómo para los propietarios de las viviendas, de acuerdo con la nueva Ley.
Estos expedientes se refieren a cuatro pisos (dos en Ibiza, uno en Santa Eulària y uno en Sant Antoni), dos apartamentos (en Ibiza) y dos viviendas aisladas (uno en Santa Eulària y un Sant Josep).
La nueva Ley también responsabiliza los propietarios de la actividad irregular. Esto ha provocado los primeros casos de propietarios que son los denunciantes de la actividad, puesto que se estaría produciendo por parte de sus arrendatarios sin su consentimiento.
Así, de estos once hay tres que han sido fruto de denuncia por parte de los mismos propietarios, que han tengut conocimiento que sus viviendas se destinaban a actividad turística ilegal.
El resto se han abierto por denuncias formuladas por parte de particulares y entidades y por actuaciones de oficio del servicio de inspección de la administración insular.
La nueva ley declara responsables de las infracciones relacionadas con la comercialización de estancias turísticas a viviendas ilegales tanto los propietarios de los inmuebles como los posibles explotadores y los comercialitzadors (a través de cualquier tipo de apoyo).
A la vegada, la ley aumenta considerablemente la sanción mínima para ofrecer una vivienda sin permiso: la comercialización de una vivienda sin la presentación de la declaración responsable implica una infracción grave con multas entre 20.001 y 40.000 euros, tanto para el propietario como para el explotador o el comercialitzador, y por cada vivienda que se ofrece.
En el caso de las plataformas u otros titulares y explotadoras de los canales de comercialización turística, la publicidad o promoción de oferta ilegal implica sanciones de hasta 400.000 euros.
