El Consell de Govern ha resuelto autorizar la concertación de una o más operaciones de crédito a corto plazo de la Administración de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de acuerdo con lo que establece la Ley de Presupuestos Generales de la Comunitat Autònoma para el año 2018, con las condiciones básicas de endeudamiento a corto plazo.
Estas condiciones són un importe total de hasta 450 millones de euros con un plazo a un año y un tipo de interés fijo o variable con referencia al Euríbor.
La Ley de Financiación de las comunidades autónomas establece que estas nos podrán realizar operaciones de crédito por plazo inferior a un año para cubrir necesidades transitorias de tesorería.
En el ejercicio 2016, que es el último que se ha cerrado, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears cumplió el objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de regla de gasto, por lo tanto, no requiere de autorización del Estado para concertar endeudamiento a corto plazo.
La Ley de Finanzas de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears establece que el Govern de les Illes Balears puede hacer operaciones de crédito, con apelación al crédito público o privado, por un plazo no superior a un año con el objetivo de cubrir los desfases transitorios de tesorería, siempre que la suma total de estas operaciones no rebase el 20 % del importe de los créditos para gastos autorizados en la ley anual de presupuestos generales de la comunidad autónoma.
De acuerdo con el Plan de Tesorería para 2018 elaborado por la Dirección General del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio, se considera necesario concertar operaciones a corto plazo para dotar de liquidez a la Tesorería de la Comunitat Autònoma y cubrir los desfases transitorios de tesorería de la Administración, por un importe de 450 millones de euros —lo mismo que en el 2017—, hasta el plazo de un año y en condiciones de prudencia financiera, que se formalizarían en el ámbito del Contrato de Tesorería de 2018, actualmente en proceso de tramitación, una vez visto el informe de fiscalización previa favorable de la Intervención General.
