El Gobierno ha ampliado los colectivos afectados por la ley de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, y ha añadido los que intermedien en alquileres mensuales superiores a 10.000 euros y las plataformas de financiación participativa (crowdfunding).
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de ley que modifica la norma para incorporar las novedades derivadas de la V Directiva de blanqueo que se publicará a lo largo del primer semestre de este año.
La norma también refuerza los controles para personas con responsabilidad pública (Politically Exposed Persons o PEPs), que en la actualidad incluyen las de comunidades autónomas y entidades locales.
Hasta ahora el control se determinaba caso por caso, pero con la nueva norma se equipará los nacionales con los extranjeros, que están sometidos a especial seguimiento de manera general.
Se modifica el contenido del fichero de titularidades financieras, creado para prevenir e impedir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, para que incluya también las cajas de seguridad y las cuentas de pago.
Asimismo, se cambia el régimen sancionador por incumplimiento de la normativa de prevención, de forma que las multas máximas pasan del 5 % del patrimonio neto de la entidad al 10 % del volumen de negocio consolidado del grupo.
Se crea también un registro de prestadores de servicios a sociedades que contendrá a aquellos sujetos cuya actividad sea la creación de sociedades para terceros o cesiones de domicilio, entre otras, y se refuerzan los sistemas de cooperación entre supervisores europeos dedicados a esta materia.
La nueva norma insta a desarrollar mecanismos para facilitar las denuncias sobre incumplimientos de la normativa de prevención de blanqueo.
Se establece que las entidades sujetas a la norma (bancos, aseguradoras, despachos de abogados, entre otros) deberán crear mecanismos de denuncia interna, mientras el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) contará con un sistema para recibir y canalizar denuncias.
El texto debe obtener ahora los dictámenes correspondientes y volverá de nuevo al Consejo de Ministros para ser aprobado como proyecto de ley e iniciar la tramitación parlamentaria.
