El ministro Cristobal Montoro se ha comprometido a incluir en los prespuestos generales del Estado una deducción en el IRPF para las personas de edad muy avanzada.
Lo cierto es que estas nuevas ventajas fiscales apenas beneficiarán a 4 de cada 10 pensionistas en Baleares. Y es que, según las estimaciones de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) el 63,8% de los pensionistas de las Islas no declaran IRPF al percibir cantidades que estan por debajo de loas 12.000 euros.
En las Islas habría 126.804 personas en esta situación en las que una rebaja del IRPF no les afectaría en nada.
Los técnicos resaltan el alcance limitado de esta medida, todavía en el aire y sin concretar, que beneficiaría a un tercio de los pensionistas con mayores ingresos. "De esta manera, el Gobierno podría impulsarla para sumar apoyos en aras de aprobar las cuentas públicas y calmar los ánimos tras las masivas protestas que están teniendo lugar en toda España para defender la suficiencia del sistema público de pensiones", aseguran.
Los pensionistas de Extremadura, Castilla La Mancha y Canarias serían los menos beneficiados por esta medida, frente a los de las provincias de Madrid, Barcelona, Zaragoza, que serían a quienes más beneficiaría (ver archivo adjunto).
En cualquier caso, Gestha matiza que su estimación debe calificarse como prudente, ya que muchas personas con pensiones superiores a los 12.000 euros, umbral a partir del que se empezaría a tributar, tampoco pagarían IRPF en caso de sufrir algún tipo de discapacidad o cuando superan los 65 ó 75 años.
No obstante, los técnicos recuerdan que si alguno de estos pensionistas obtuviera rentas distintas de la pensión, como son las del capital, las derivadas de arrendamientos o de cualquier otra naturaleza, estaría obligado a presentar la correspondiente declaración del IRPF.
Asimismo, los técnicos aseguran que el ahorro que supondría la aplicación de deducciones en este impuesto para las personas de edad más avanzada beneficiaría a los jubilados que reciben las mayores pensiones o a los que tienen otro tipo de ingresos por arrendamientos, por ejemplo. De esta forma, la rebaja fiscal afectaría a esa otra fuente de rentas, no a la pensión en sí.
En este sentido, dado que la pensión media en 2016 no llegó a los 8.500 euros anuales incluyendo todas las modalidades, el problema de los pensionistas, según Gestha, es fruto de la cuantía de las prestaciones, no de su tratamiento fiscal.
