De las casi 587.000 viviendas que hay en Baleares, 40.675 se alquilan a turistas, ya sea de forma legal o irregular, lo que representa un 6,9 % del total del parque residencial del archipiélago.
Así se desprende de un estudio encargado por la Federación de Asociaciones de Vivienda y Apartamentos Turísticos (Fevitur), que concluye que el impacto del arrendamiento vacacional sobre el precio es marginal y que por muchas viviendas que se "devuelvan al mercado" el precio "va a seguir subiendo".
El urbanista Luis Falcón, autor del análisis, ha señalado que, según los últimos datos de 2017, el 47,7% de las viviendas ofrecidas en plataformas de alquiler para turistas contaban con la preceptiva licencia autonómica y el 52,3% restante se comercializaba ilegalmente.
El conjunto de viviendas ofertadas a turistas sumaba 242.311 camas, que solo en un 2,1% están en habitaciones de pisos compartidos. El 65% de plazas son de viviendas unifamiliares, el 29% de plurifamiliares y el resto de pareados y otras modalidades residenciales.
Falcón ha destacado que el estudio pone de manifiesto que el crecimiento de la oferta ante la demanda de vivienda para estancias vacacionales no ha afectado al negocio hotelero, que en temporada alta ha rozado el lleno durante el último lustro.
De hecho, ha incidido en analista, de 2013 a 1016 la cuota de visitantes que pagó por su alojamiento en el archipiélago paso del 72,2 al 77,6%
También ha puesto el acento en que, pese a que puedan contradecir percepciones generalizadas, los datos muestran que solo el 1,4% de las viviendas del municipio de Palma se arriendan a turistas.
El estudio promovido por Fevitur, similar en varios aspectos a otros ya presentados sobre Madrid y Barcelona, aborda en el caso de Baleares un análisis específico sobre el impacto que tendría en el sector la zonificación propuesta por el Consell de Mallorca.
El 69% de la oferta actual (legal e irregular) está en las zonas con menos restricciones y el 13,4% en suelo rústico protegido. El 8,8% se sitúan en Palma, donde aún está pendiente la propuesta de regulación, que corresponde al Ayuntamiento.
En cuanto al impacto del alquiler turístico sobre el mercado de la vivienda, objetivo último del estudio, los resultados se circunscriben al área metropolitana formada por Calvià, Llucmajor y Palma, al municipio de la capital en conjunto y, finalmente, a los distritos de la ciudad.
En las tres poblaciones consideradas, el aumento del empleo, la económica de los últimos años y el crecimiento de la población, tres factores interdependientes, explica, según el experto, el 97% del incremento del precio del alquiler.
Esto explica, ha incidido Falcón, que la "devolución al mercado" del arrendamiento residencial de viviendas que antes se destinaban a turistas por las restricciones legales no se haya traducido en una deceleración de la inflación de los alquileres.
El presidente de Fevitur, Tolo Gomila, ha explicado que el estudio presentado pretende "aportar datos reales para ayudar a las administraciones a tomar decisiones" y les ha instado a "seducir a los propietarios" de viviendas con medidas que incentiven el alquiler residencial frente a la demanda vacacional.
