Pilar Martínez Abogados asegura que el anteproyecto del plan de gestión Natura 2000 de los islotes del Levante de Ibiza, que permanece a exposición pública durante un mes desde el pasado 27 de marzo, está incompleto, ya que carece de propuesta económica, acorde con las exigencias legales, prevista para compensación de los titulares de terrenos o derechos, previamente consolidados y afectados por la aprobación en su día de este decreto.
La letrada experta en Medio Ambiente asegura que la estimación económica de 295.000 euros para llevar a cabo el plan es insuficiente y, que lo que se propone como financiación, no encaja con las exigencias de las normas estatales, ni europeas, ni en la jurisprudencia del Tribunal Supremo que, en diversas sentencias, ha declarado por esta causa la nulidad de los decretos que aprobaban planes de gestión.
Cualquier planificación y ordenación de recursos naturales, y este lo es, requiere la aprobación de una memoria económica, que contemple específicamente un régimen económico de compensación, adecuado a las limitaciones que impone de derechos previamente consolidados, que han de ser compensados.
En este caso, no se contempla previsión, ni propuesta alguna de presupuesto, haciendo únicamente mención a fondos, futuros e inciertos, sin determinar. “En definitiva, no se contempla proposición de presupuesto, pero lo más grave es que ni siquiera se menciona la existencia de costes de compensación e indemnización de los intereses y derechos afectados, que ahora se verán eliminados o restringidos, limitándose a señalar, únicamente, costes de conservación” matiza la letrada.
Pilar Martínez Abogados insiste en que este tipo de normativa determina hasta límites inimaginables el uso de propiedades y el ejercicio de derechos. “No resulta aceptable exigir que los particulares aporten sus patrimonios privados, que ahora quedan vacíos de derechos, sin ningún tipo de compensación, como contribución gratuita a un supuesto interés público de conservación medioambiental que, a menudo, está sin definir, sin fundamentar y sin analizar científica y técnicamente, como resulta obligado y exigible a la Administración que lo propone, encontrándonos en múltiples casos en este ámbito con medidas ineficaces, desmedidas y desproporcionadas, además de con una considerable inseguridad jurídica” sostiene Pilar Martínez.
El Govern balear, siguiendo el patrón de algunas otras comunidades autónomas, ha omitido algunas de estas exigencias en el desarrollo del anteproyecto del nuevo decreto, por el que pretende aprobar un instrumento de gestión para los Lugares de Interés Comunitario (LIC) Tagomago, los islotes de Santa Eulària, Todona y es Canar, así como el área marina de Tagomago, “lo que puede acarrear la nulidad de la norma, como ya ha tenido lugar en otros casos”.
El ámbito de aplicación del plan es una superficie total de 1.369,72 hectáreas repartidas en estos tres espacios mayoritariamente marítimos de la Red Natura 2000, ubicados en diversos puntos geográficos del este de la isla de Ibiza. Una vez más, Pilar Martínez Abogados aboga por la importancia de combinar la conservación de los hábitats y el mantenimiento de la biodiversidad, con el desarrollo de usos y actividades económicas rentables, con la necesaria seguridad jurídica y con el respeto de los derechos particulares y al desarrollo socioeconómico, tal y como promueve la Directiva Hábitats. “Todo ello se resume en una simple exigencia, el cumplimiento de la ley” finaliza la letrada
