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Martes, 24 de abril de 2018
OPINIÓN

Alquiler vacacional en Palma

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Toni Fuster | Presidente de Pimeco |

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Prohibir probablemente es en muchas ocasiones el camino más fácil, mucho más que entrar a regular i legislar de forma ponderada y justa. Prohibir es tratar a todo el mundo por igual cuando las circunstancias, los territorios y las personas no lo son. Prohibir es quedarse con una parte de la historia. Es posicionarse de un lado en lugar de buscar un equilibrio entre diferentes bandos. Prohibir es dar la razón a unos y quitarla a muchos otros independientemente de si la tienen.


Esto podría ser resumidamente lo que se ha montado en Palma con la práctica erradicación del uso vacacional en la ciudad que pretende llevar a cabo el alcalde Noguera y su pre alcalde Hila. Juntos y con el apoyo de Podemos van a llevar a cabo la medida que supondrá, la mayor pérdida económica y social que se pueda haber gestado en Palma.


Es totalmente injusto que se borre el uso vacacional en todos los barrios de Palma por que no todos están saturados, ni en todos hay problemas de convivencia y en muchos de ellos se necesita este dinero que aterriza con los visitantes, para dinamizar la microeconomía.


Es totalmente injusto que se ponga fin a un recurso económico sobre el que se ha apoyado muchos pequeños comerciantes y restauradores. En el primer caso les había supuesto una inyección que compensaba las pérdidas terribles de tener que competir con franquicias y grandes centros comerciales.


Es irreal que se piense que sin uso vacacional los precios del alquiler bajarán de forma importante en el centro de la ciudad. Mientras haya escasez de vivienda y los inversores extranjeros sigan copando el mercado esto no se producirá ni de lejos.


Es absolutamente incoherente invertir dinero en promocionar turísticamente la ciudad en los meses de temporada baja cuando el primer turista que desestacionaliza es el que utiliza el alquiler vacacional.


Valdria más regular a medida, esforzarse en dar facilidades para que todo el mundo pague sus impuestos y, sobre todo invertir en vigilar que se cumpla la legalidad. Pero claro, esto representa un gran esfuerzo y muchas complicaciones para nuestros políticos.


La conclusión de todo ello es la aplicación de una medida injusta, errónea, incoherente y que no servirá para paliar la escalada de precios inmobiliarios.


Os aviso que hoy me he centrado en Palma pero tomemos nota todos por que esto es un aviso a navegantes que podría reproducirse en otros municipios.

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