El intrusismo laboral en el mundo de la enseñanza no reglada es un problema que, a día de hoy, sigue actuando impunemente y sin ser castigado. La Asociación de Centros de Enseñanza Profesionales de la Provincia de Baleares (CECAP), incluida en PIMEM, busca encontrar una solución dado que, en los últimos años, esta práctica no ha hecho más que “ir en aumento”. Es necesario “una actuación de oficio por parte de las administraciones públicas oportunas”.
Al igual que el alquiler turístico está siendo regulado y se sanciona de oficio a las plataformas que publicitan dichas viviendas; desde CECAP Baleares se requiere al Govern Balear a “actuar del mismo modo con los miles de anuncios de clases de formación fuera de la legalidad”.
La presencia de profesores particulares que trabajan de forma clandestina, ilegal, sin pagar impuestos, en sus casas particulares, sin obtener la debida licencia municipal y sin cumplir las correctas normas de accesibilidad y prevención de incendios “enfurece” a un sector que se siente desprotegido por las instituciones públicas. Los centros de formación asociados a Pimem además de, tener que competir con toda la oferta pública gratuita -pagada por la ciudadanía-, tienen que competir en un mercado donde existe un alto nivel de economía sumergida.
Desde CECAP Baleares quieren poner de manifiesto que existen hasta cuatro tipos de intrusismo laboral. El primero es el de aquellas personas que realizan clases en su propio domicilio, anunciándose impunemente en cualquier medio, incluido prensa y sin que la autoridad competente actúe al respecto. El segundo es el de docentes funcionarios de enseñanza de primaria, secundaria y bachiller, que por las tardes cobran a los alumnos por darles clases de refuerzo; cometiendo una ilegalidad si no ha solicitado la compatibilidad o incompatibilidad.
Pese a que la Dirección General del Personal Docente ofrece al profesorado, bajo su tutela, la opción de o bien solicitar una excedencia o la de compatibilizar las dos tareas, parece que no es una opción que atraiga mucho a ese gremio de profesores particulares que cobran en ‘B’. Según el presidente de la CECAP, “lo inaudito de esta situación es que la única sanción que existe para este tipo de profesionales, que actúan fuera del marco legal, es la de un requerimiento”.
Según los servicios jurídicos de la Dirección General del Personal Docente una vez se detectan estas situaciones lo único que se le exige al profesional es que “normalice su situación” y solicite o una excedencia o una compatibilidad. Actualmente, no se conoce ningún caso de apertura de expediente o sanción. Pedro Daniel Pérez, presidente de la CECAP, ha expresado su malestar con la Conselleria de Educación, tras no atender a la demanda de “remitir una circular a todos los colegios e institutos informando de la ilegalidad de ese comportamiento”.
También la Asociación de Centros de Enseñanza Profesionales de la Provincia de Baleares ha afirmado que tienen constancia de otro tipo de intrusismo como es el de docentes funcionarios que se dedican a preparar oposiciones “sin las correspondientes altas” en Seguridad Social y Hacienda, y “sin haber solicitado la compatibilidad en sus funciones”. Además de recalcar “la sorpresa” que supone en ocasiones encontrarse a estos formando parte del tribunal de evaluación, “un hecho muy grave que denunciaremos cuando recabemos más pruebas” han asegurado.
El cuarto tipo de intrusismo laboral que se manifiesta desde la institución es el de la contratación de docentes por parte del Govern Balear para impartir clases de refuerzo gratuitas en los colegios e institutos sin tener en cuenta al sector que efectivamente se dedica legalmente a ello. Pérez ha afirmado que está “dispuesto a negociar” con la administración pública la posibilidad de poder ofrecer esa misma oferta gratuita a través de los centros de la asociación, “si así se consigue erradicar esta práctica invasiva”.
“Existe una pasividad administrativa y legal, que nos deja indefensos ante el intrusismo laboral” asegura Pérez. “Cada día ves publicidad en los medios de comunicación, en el mobiliario público, en internet…Es una violación continua de todas las reglas que nosotros, sí, cumplimos”, añade. Para los miembros de la Asociación es necesario que se ejecuten las sanciones existentes para evitar este tipo de problemas.
Estos centros reciben alumnos de todas las edades, desde 3 a 70 años, buscando reforzar alguna asignatura en concreto, aumentar competencias en idiomas, o informática, preparar oposiciones, o en obtener algún título de acreditación de nivel o de capacitación profesional, “pero los están perdiendo paulatinamente”. Hay estudios que calculan que cerca de un “70% de la formación en oposiciones, idiomas, clases de refuerzo, etc… está en el mercado negro”, es decir que “sólo un 30% estaría dentro de la legalidad, sufragando todos los gastos e impuestos y compitiendo injustamente con el mercado sumergido”, afirma el representante del CECAP.
La parte económica también juega un papel importante en este tema. Para el cliente de un centro de enseñanza cada clase particular tiene un coste de 20€ la hora. La mitad de esta cantidad esta destinada alquiler del local, la seguridad social de sus empleados y a hacienda. Mientras que una clase particular “en B” puede permitirse perfectamente cobrar 10€ la hora, al ser todo beneficio. Un precio con el que les resulta “imposible competir” y que es “más atractivo para los potenciales clientes”
Existe una gran decepción, dentro de la Asociación, con la actual actitud de las administraciones públicas, han tenido que presenciar como muchas academias se han visto obligadas a cerrar “por la falta de amparo de los servicios públicos” y en otras ocasiones han visto como muchos centros de formación “han intentado abrirse paso y han sucumbido al cabo de uno o dos años”. Según sus datos en los últimos tres años “más de 20 en toda Baleares, y más de 50 en los últimos diez han desaparecido”.
