A la caza del infractor urbanístico también a través de su bolsillo. Este es el objetivo que Consell de Mallorca y Govern balear se han trazado con el acuerdo cerrado para que las personas que han cometido una ilegalidad no puedan escapar por ninguna via de las sanciones que se les impongan.
Así, a partir de ahora la Agencia Tributaria de las Islas Baleares asume la gestión recaudatoria de los ingresos de los procedimientos por infracción urbanística de la Agencia de Defensa del Territorio de Mallorca.
Así queda recogido en un convenio entre los dos organismos por un plazo de cuatro años de vigencia, que han firmado la consellera de Hacienda del Govern, Catalina Cladera y la consellera de Territorio del Consell de Mallorca, Mercedes Garrido.
Según establece este convenio, la Agencia Tributaria asume, en régimen de prestación de servicios, la gestión recaudatoria en vía voluntaria y ejecutiva de los ingresos de todo tipos derivados de los procedimientos por infracción urbanística tramitados por la Agencia de Defensa del Territorio.
Estos comprenden las sanciones impuestas por la comisión de infracciones urbanísticas y las multas coercitivas impuestas para el acabamiento de las órdenes de suspensión de obras y de las órdenes de restitución de la realidad física alterada dictadas por la ADT.
Así mismo, la ATIB se encargará de la gestión relativa a las cantidades que los infractores tienen que abonar por los gastos asumidos por la ADT como consecuencia de la ejecución subsidiaria de órdenes de restitución no acatadas voluntariamente.
Mercedes Garrido ha asegurado que “los excedentes de la Agencia se reparten entre los ayuntamientos miembros porque puedan hacer actuaciones de mejora a sus municipios”.
Además, “intentamos siempre reducir la cantidad de las sanciones porque si el infractor ejecuta la demolición dentro del plazo, se puede disminuir entre un 80 y un 90 por ciento”, según Garrido.
Durante el 2017, la Agencia impuso sanciones por un total de 5.750.000 euros. De estos, 4,8 millones corresponden a las sanciones impuestas por infracción urbanística. El resto, 950.000 euros son el resultado de las multas coercitivas a aquellos infractores que no llevan a cabo la demolición dentro del periodo indicado.
A la Agencia de Defensa del Territorio, corresponde la tramitación de los expedientes sancionadores y de restitución de la realidad física alterada, así como emitir y notificar las resoluciones que se deriven de su tramitación, controlar los plazos de prescripción de la infracción o adoptar las medidas provisionales o cautelares de la tramitación del procedimiento sancionador para garantizar el cobro o adoptar la suspensión de las liquidaciones que se emitan o su levantamiento.
