El Consell de Govern ha cumplido una sentencia de hace un año que le ordena pagar 25,7 millones de euros a una empresa propietaria de unos terrenos urbanizables en Biniorella en Andratx, que fueron desclasificados por ley en 2008 para pasar a ser suelo rústico protegido.
El Govern de izquierdas promovió en 2008 la Ley de Medidas Urgentes de Desarrollo Sostenible, que desclasificó los terrenos de la sociedad S'Illeta Camp de Mar en Biniorella, ante lo que la empresa recurrió a la justicia hasta que en junio del año pasado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) sentenció en firme que le correspondía una indemnización de 19,2 millones de euros más los intereses acumulados.
El ejecutivo ha autorizado una ampliación de crédito en favor de la Conselleria de Territorio, Energía y Movilidad para que se haga cargo del pago de la indemnización.
El año pasado el TSJIB dictó cuatro sentencias condenatorias contra el Govern por el cambio de calificación urbanística que la ley 4/2008 supuso para varios terrenos inicialmente urbanizables en Biorella. Esos cuatro fallos implican indemnizaciones que, sin contar los intereses, suman 74,7 millones.
En el caso del que deriva la indemnización aprobada hoy, el alto tribunal balear estableció que cuando el Parlament aprobó Ley de Medidas Urgentes de Desarrollo Sostenible transformó 55.585 metros cuadrados urbanizables repartidos en 23 parcelas que S'Illeta Camp de Mar tenía en Biniorella en suelo rústico protegido con calificación de Área Natural de Especial Interés (ANEI), lo que supuso un perjuicio patrimonial para la sociedad.
Las fincas, contempladas como "suelo apto para urbanizar" en las normas subsidiarias de Andrax, estaban dentro de la zona de Biniorella acogida a un plan general parcial y tenían servicios de urbanización a excepción de suelo de aceras, red de pluviales y red de telefonía subterránea.
Los magistrados destacaron que "la ordenación urbanística correspondiente a los terrenos de autos han sufrido numerosas vicisitudes que poco o nada favorecen al necesario principio de seguridad jurídica", una situación que ha demorado el proceso judicial, iniciado en marzo de 2009.
Recordaban además que en la propia ley que supuso la desclasificación de los terrenos de Biniorella se reconocía la posibilidad de futuros reconocimientos de responsabilidad patrimonial siempre que se acreditaran los perjuicios.
