viernes. 29.03.2024

“La nueva Ley Agraria Balear es un conjunto de intenciones que no dará respuesta a las necesidades de los empresarios agrarios baleares”, lamenta Baldomero Segura, decano del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Levante y presidente del Consejo General de Colegios de Ingenieros Agrónomos, que hace otra afirmación: “La economía real no se rige por intenciones. Quienes han impulsado esta ley esperan que los rendimientos económicos se obtengan de los deseos solo porque se cree en ellos”.

 

El COIAL lleva meses colaborando con la administración autonómica balear en la redacción de la nueva Ley Agraria y se ha volcado sobre las doce primeras versiones del texto. "Sin embargo, no se nos ha hecho partícipes de la decimocuarta, que ha sido la que finalmente ha sido aprobada por el Govern. Además de la opacidad, los ingenieros agrónomos queremos expresan nuestro malestar porque los consensos y principios que parecían haberse entendido y compartido se han esfumado del texto final". dice la entidad.

 

Con todo ello, “esperamos que en la fase de tramitación parlamentaria que ahora se inicia se consiga reconducir el texto a lo oportuno y a lo razonable”.

 

Según ha vaticinado Segura, “si aspiran a mantener y potenciar la agricultura en Baleares con esta ley se van a necesitar importantes subvenciones y será una catástrofe si fallan los recursos económicos para hacer frente a las mismas”.

 

Aunque la actividad productiva de la empresa agraria, de los agricultores y ganaderos baleares se dirija a mercados directos y cercanos para ser consumida preferentemente por la población autóctona, solo los actuales niveles legales de exigencia en materia de seguridad alimentaria obligarán a disponer de un conjunto de instalaciones y servicios auxiliares y complementarios sin los cuales es imposible participar en la oferta.

 

Sin olvidarnos de la población flotante: millones de personas que pasan cada año por las Baleares, que van a ser parte también de la demanda de esos productos y sus estándares de consumo pueden ser muy distintos. Tampoco nos podemos olvidar de la fuerte competencia, capaz de ofrecer productos de igual calidad a menor precio, y que la estructura agraria balear tiene unos costes de producción mucho mayores que la peninsular por lo que, sin herramientas para diversificar rentas, se deja al agricultor balear en una posición débil”.

 

 

Según entienden desde el COIAL, “la ley debería dar facilidades y herramientas para desarrollar la actividad agraria y sus complementarias, manteniendo siempre las estructuras agrarias. La ley que se pretende aprobar da pasos atrás, se introducen tantas trabas burocráticas que poner en marcha una actividad que complemente las rentas de los pequeños productores se va a convertir en un examen inquisitorial. Hay casos en los que en una finca agrícola puede ser más fácil hacer un chalet que un construcción agraria tan simple como un almacén”.

 

El texto, que acaba de iniciar su trámite parlamentario, mantiene las facilidades para las grandes explotaciones: “Para ellos será mucho más fácil modernizar sus fincas y desarrollar nuevos proyectos. Pero los más pequeños, que necesitan poner en marcha actividades complementarias como actividades equinas –con tanto arraigo social y cultural–, actividades relacionadas con el medio ambiente o pequeñas almazaras y bodegas, se ahogarán en un mar de burocracia”, vaticina Segura. Para ellos, la ley propone subvenciones que les permitan mantener sus explotaciones en marcha. “Pero la política de subvenciones europeas se está acabando y debemos dirigirnos a una producción capaz de sostenerse por ella misma”, recomienda el decano del COIAL.

 

Una de las consecuencias de la entrada en vigor de este tipo de regulaciones, según los ingenieros, es el abandono de las explotaciones, algo que pueden aprovechar los inversores para ir comprando poco a poco parcelas de la isla y destinarlas a la actividad que mayor rentabilidad les aporte. “Hay que evitar la expulsión de los agricultores de sus fincas, sean grandes o pequeñas, y eso se consigue haciéndolas rentables".

Los ingenieros agrónomos también ponen 'verde' a la nueva Ley Agraria del Govern