Las condenas firmes que obligan al Govern a indemnizar a propietarios afectados por la ley de 2008 que desclasificaba suelos urbanizables para protegerlos suman ya 138,3 millones de euros y aún quedan procesos abiertos que podrían elevar esta cifra.
La portavoz del Govern, Pilar costa, ha señalado que el ejecutivo tendrá que hacer frente a una indemnización de unos 85 millones de euros tras rechazar el Tribunal Supremo su recurso contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares que daba la razón a los propietarios de unos terrenos en Punta Pedrera, en el municipio ibicenco de Sant Josep, que perdieron la posibilidad de edificarlos.
El Govern de izquierdas promovió en 2008 la Ley de Medidas Urgentes de Desarrollo Sostenible, aprobada por el Parlament, que desclasificó con criterios medioambientales numerosos terrenos con expectativas urbanísticas en diferentes puntos del archipiélago.
La semana pasada, el Consell de Govern ordenó, en cumplimiento de una sentencia, pagar 25,7 millones de euros a una empresa propietaria de terrenos urbanizables en Biniorella (Andratx) que fueron recalificados como suelo rústico protegido.
Fuentes de la Conselleria de Hacienda han precisado que los dos citados no son los únicos fallos firmes contra el Govern por los cambios de uso del suelo de la ley 4/2008 y que en total estas resoluciones obligan, por el momento, al pago de 138,3 millones de euros en indemnizaciones.
Costa ha recordado que la ley 4/2008 perseguía fines de protección del medio ambiente y ha asegurado que el ejecutivo "habilitará los recursos que sean necesarios" para hacer frente a la sentencia de Punta Pedrera.
La portavoz, que ha indicado que la intención es cumplir esta resolución judicial en el actual ejercicio presupuestario, ha precisado que otras sentencias en contra del Govern por motivos similares aún no son firmes y habrá que esperar a que lo sean para hacer balance del impacto sobre las arcas públicas de la ley 4/2008.
Solo en el caso de Biniorella, al margen de la sentencia firme que ha supuesto el citado pago de 25,7 millones de euros, el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares ha fallado en otras tres causas en favor de los propietarios y ordenado indemnizaciones que, sin intereses, suman 55,5 millones de euros.
