sábado. 20.04.2024

 

Las organizaciones Afedeco, Pimeco, CAEB y Pimem mantienen su postura respecto al tema de la venta ambulante ilegal y reiteran su petición de dimisión de la Regidora Jhardi, por su clara posición contraria a los “derechos humanos” de los comerciantes, lo que ha permitido que dicha práctica ilegal se haya incrementado, como así ha reconocido el propio Jefe de la Policía Local de Palma.

 

Esta posición unánime de todo sector empresarial ya se coordinó a principios de abril, sin que hasta la fecha se haya dado una respuesta con garantías y sostenible a esta situación, todo debido a un equilibrio de fuerzas en el Gobierno municipal, donde la voz de la Sra. Jhardi ha prevalecido sobre el resto del equipo de Gobierno. Desde el Ayuntamiento de Palma se ha jugado al birlibirloque eliminando dicha práctica ilegal y pasándola de una ordenanza a otra, para luego ir dejando pasar el tiempo, todo con el propósito de que la Sra. Jhardi pudiera salvaguardar sus principios personales.

 

Las Patronales de Comercio Afedeco y Pimeco y sus respectivas Confederaciones Pimem y CAEB dicen “basta ya” a esta actitud de tolerancia, permisibilidad y condescendencia, y dicen “basta ya” a la desconsideración y engaño a los comerciantes que se muestran desencantados y sorprendidos  con esta ordenanza municipal presentada el pasado jueves, por ser descafeinada y por sancionar más gravemente el comportamiento de quienes compran esos artículos en la calle (turismofobia), que el de aquellos que realizan dicha actividad ilegal (infracción leve), olvidándose del origen del problema, que son las mafias, las que se benefician y lucran de todo ello, mirando a otro lado ante un claro supuesto de explotación laboral de los vendedores, que carecen de los mínimos derechos laborales y no asumiendo el problema social, a través de una respuesta social que no perjudique exclusivamente a los comerciantes, como está ocurriendo en estos momentos. La solidaridad se la debe aplicar uno mismo y no sólo sobre los derechos de unos pocos.

 

Las Patronales Afedeco, Pimeco, CAEB y Pimem muestran su absoluto asombro y perplejidad ante las acusaciones recíprocas entre los distintos servicios policiales, policía local y nacional, que declinan competencias en esta materia y se preguntan si al final esta responsabilidad será de los propios comerciantes.

 

"En la fecha en que nos encontramos y si la ordenanza municipal aprobada al efecto va a entrar en vigor a principios de septiembre -como parece ser- ya la temporada se dará por terminada, los vendedores habrán iniciado sus propias vacaciones, y los Sres. que forman el equipo del Ayuntamiento de Palma, habrán vuelto a diferir, un año más, la problemática, lo que entendemos como un escarnio o burla al comercio y al conjunto de la ciudad".

 

"Sin perjuicio de lo manifestado anteriormente, las patronales hemos estado siempre dispuestas a trabajar sin desfallecer junto a la Administración, si bien no hemos recibido respuestas de esa parte para erradicar la venta ilegal. Tenemos la sensación de que no se nos escucha y de que hay poca predisposición para acabar con este grave problema. Aún así, las patronales seguimos confiando en que la Administración se siente a hablar con nosotros de manera seria con el fin de consensuar políticas efectivas y eficaces, y que no se nos desprecie como ha venido siendo la tónica habitual en este último tramo de legislatura para imponer peregrinas actuaciones en fraude del comercio legalmente establecido. Sólo existen muestras de interés ante nuestras reclamaciones públicas, después todo sigue su camino, se deja pasar el transcurso del tiempo y una temporada más. Y van", continúa el comunicado.

 

"Los comerciantes ya se están planteando ante esa tolerancia y permisividad administrativa y policial sí deberán ser ellos quienes también ocupen esos sitios privilegiados en lugares estratégicos de las mejores zonas turísticas para exponer sus productos, esperando tener idéntico trato –igualdad y no discriminación y sólo un derecho aplicable- ya que lo que ellos expondrían y venderían sí serían productos legales y auténticos".

Las patronales mallorquinas piden la dimisión de la regidora Jhardi
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