El Gobierno ha ofrecido flexibilizar la regla de gasto y conceder un mayor margen de déficit a las comunidades autónomas en los próximos años, tal y como recoge la nueva senda pactada con Bruselas y aprobada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
La primera reunión presidida por las ministras de Hacienda, María Jesús Montero, y Política Territorial, Meritxell Batet, no ha contado con la presencia de ningún representante de Cataluña, ya que esta comunidad autónoma reclama reuniones bilaterales, una opción descartada por el Gobierno.
La nueva senda flexibiliza el déficit público hasta el 1,8% del PIB en 2018 (en lugar del 2,2%) -0,4% para la administración central (antes 0,3%), 1,1% para la Seguridad Social (antes 0,9%) y 0,3% para las comunidades autónomas (antes 0,1%)-, el 1,1% en 2020 y el 0,4% en 2021 -todo para la Seguridad Social-.
Estos dos objetivos de déficit y deuda para el periodo 2019-2021, que serán aprobados este viernes en el Consejo de Ministros, necesitarán después el visto bueno del Congreso de los Diputados y el Senado -donde el PP tiene mayoría absoluta-, ya que de no lograrse se volvería a la senda anterior, más restrictiva.
Montero ha defendido la nueva senda porque la anterior requeriría un ajuste de 11.000 millones de euros, lo que afectaría al Estado del bienestar y el crecimiento económico, y porque sin ese margen no se podría dar mayor flexibilidad a las comunidades ni a la regla de gasto.
En ese sentido, Montero ha planteado flexibilizar la aplicación de la regla de gasto en las comunidades autónomas y ayuntamientos en superávit, de manera que puedan dedicar una mayor proporción de estos fondos a inversiones financieramente sostenibles y, además, se modifique la definición de estas inversiones para que puedan incorporarse nuevos proyectos.
Con esta vía, que solo se abordará cuando la iniciativa esté aprobada en Cortes, todas las comunidades autónomas se verán beneficiadas: las que tienen superávit podrán utilizarlo, las que no pueden gastar su superávit porque se lo impide la regla de gasto ahora disfrutarán de una mayor flexibilidad y las que tienen déficit tendrán que realizar un ajuste menor, ha defendido Montero.
También se baraja una "reestructuración global" de la deuda de las comunidades autónomas para que puedan volver a salir a los mercados y recuperar "su autonomía financiera y política".
Esta reestructuración de la deuda permitirá a las autonomías "transitar más fácilmente" por su calendario de amortización, ha explicado Montero, que ha añadido que se estudia la posibilidad de que en comunidades con deuda estructural, como Cataluña o Valencia, se puedan alargar los vencimientos del corto al medio plazo.
Además, Hacienda va a crear una comisión política que recogerá los trabajos ya realizados por las comisiones técnicas sobre la reforma de la financiación autonómica, en la que participarán representantes de las comunidades autónomas.
Esta iniciativa tiene el objetivo de impulsar esa reforma y abrir una nueva etapa en la que se aborden las discusiones precisas, aunando la perspectiva técnica y la política, para que haya avances efectivos.
La nueva senda de estabilidad se ha aprobado con el voto en contra de las autonomías gobernadas por el PP y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla han votado en contra, junto con Canarias, mientras que a favor se han pronunciado las socialistas -incluida Cantabria, donde están coaligados con los regionalistas-, excepto la valenciana, que se ha abstenido.
La reunión del CPFF se ha prolongado durante más de cinco horas, en las que no han faltado críticas de casi todas las comunidades por la decisión del Gobierno de no reformar la financiación autonómica en esta legislatura aduciendo falta de tiempo material.
