jueves. 18.04.2024

El Congreso ha tumbado la senda fiscal que acompañaba al techo de gasto de 2019 con un aluvión de abstenciones liderado por Unidos Podemos, ERC y el PDeCAT, aunque el Gobierno insiste en que sigue adelante con los Presupuestos de 2019 que tendrá que ajustar unos déficit más restrictivos.



El Pleno del Congreso ha rechazado por 173 votos, 86 abstenciones y 88 votos a favor los nuevos objetivos de déficit y deuda pública que flexibilizaban para 2019 el margen de gasto de las administraciones públicas en cinco décimas, lo que suponía cerca de 6.000 millones de euros.



El Ejecutivo sólo ha tenido el apoyo del PNV y ha visto como la mayoría de partidos que apoyaron la moción de censura contra Mariano Rajoy (Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís y Nueva Canarias) se han abstenido.



Los partidos independentistas y nacionalistas han criticado un margen insuficiente para las Comunidades Autónomas y han reclamado al Gobierno que presente una nueva senda fiscal, tal como marca la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que dice que los objetivos han de aprobarse cada año por el Congreso y el Senado y que de no lograr ese aval hay que presentar otros en el plazo de un mes.



En este sentido, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado que se ceñirá a la legislación y llevará "al Parlamento las veces que haga falta la senda" de déficit, aunque ha advertido de que será el mismo rechazado hoy porque no tiene sentido que la Unión Europea flexibilice unas metas para que el Gobierno "le quite recursos a los ciudadanos" y tampoco va a presentar una senda que exceda el margen que le han concedido sus socios europeos.


Montero ha insistido en que Hacienda sigue adelante con los Presupuestos de 2019 que tendrán que aprobarse en Consejo de Ministros antes de que finalice septiembre.



Sin embargo los objetivos de déficit que se utilizan en estos momentos para la confección de las cuentas son los pactados por el Ejecutivo Rajoy, más restrictivos que los planteados por el Gobierno actual, ya que son los únicos que actualmente están aprobados en las Cortes.



En cuanto al techo de gasto, situado en 125.064 millones de euros para 2019 y que aunque no se vota acompaña los objetivos de estabilidad, Montero ha defendido que no se verá muy afectado si finalmente hay que utilizar la senda restrictiva, ya que la administración central solo se beneficiaba en una décima de PIB de una eventual flexibilización, es decir, unos 1.200 millones de euros que pueden compensarse con otros ingresos.



En cualquier caso, en el plazo de un mes Hacienda tendrá que convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera para informar de la senda de déficit que posteriormente aprobará el Consejo de Ministros, que será idéntica a la debatida hoy, para llevarla de nuevo al Congreso.



Fuentes parlamentarias socialistas han señalado que aunque la futura propuesta de déficit público para el conjunto de las administraciones siga mostrando una relajación de cinco décimas para el 2019, la distribución de estas décimas por administraciones puede variar, con el fin de dar más margen a las Comunidades Autónomas y conseguir más apoyos parlamentarios.



La senda propuesta por el Gobierno preveía una meta de déficit del 1,8% del PIB en 2019, del 1,1% en 2020 y del 0,4% en 2021, cuando la anterior era del 2,2%, el 0,3% y superávit, respectivamente.



La propuesta del Gobierno preveía que los 6.000 millones de euros de mayor margen se distribuyeran en una décima para el Estado (cerca de 1.200 millones), dos décimas para las Comunidades Autónomas (unos 2.500 millones) y otras dos para la Seguridad Social (otros 2.500 millones de euros).

Durante el debate, varios grupos de la oposición han reclamado modificar la Ley de Estabilidad para salvar el bloqueo del Senado, controlado por la mayoría absoluta del PP, una opción "abierta a la reflexión" según la portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, pero sobre la que Montero ha eludido pronunciarse porque es una circunstancia que aún no se ha dado

El Congreso tumba el techo de gasto del Gobierno Sánchez