Las Organizaciones Profesionales Agrarias de las Islas Baleares, UPAAIA, AGRAME, FAGME y ASAJA-BALEARS, han registrado en el Parlament Balear un manifiesto contra la propuesta de la Nueva Ley Agraria.
Una nueva ley que, según estas organizaciones, “está redactada sin el consenso del sector, desde el punto de vista ecologista y urbanita, no agrarista, que apuesta por una agricultura no profesional, de subsistencia y folklore, más propia del siglo XIX que del XXI, que desincentiva el relevo generacional al no posibilitar hacer rentable económicamente ni atractiva socialmente la actividad agraria, condenándola a la extinción, y que limita los derechos legítimos de los agricultores, ganaderos y silvicultores de las Islas Baleares”.
Se trata de una ley que, de seguir su tramitación, nacería muerta porque “no tiene el apoyo del sector agrario”. Además, “se corre el riesgo de que, ante la avalancha de enmiendas presentadas ante la misma, el texto final que se aprobase derivaría en una ley frankestein sin ninguna coherencia jurídica”. Por todo ello, las Organizaciones Profesionales Agrarias adheridas a dicho manifiesto solicitan “su inmediata retirada, que se pacte con el sector y se vuelva a tramitar”.
El manifiesto de los agricultores expone que tendran menos derechos que el resto de profesionales en la Unión Europea a la hora de realizar actividades agrarias y/o complementarias, lo que entendemos es absolutamente inadmisible
Alegan también que el nuevo texto "limita incomprensiblemente, la realización de actividades complementarias que están plenamente avaladas por la normativa europea y la estatal".
Aseguran que se obligará a solicitar la declaración de interés general para la realización de numerosas actividades agrarias, con el tiempo y el gasto que ello supone.
Indican también que la nueva ley no determina la prioridad del agua para uso agrario frente a otros usos como “agua para chalets”.
También rechazan la creación de las zonas de alto valor agrario (ZAVA) ya que no se ve beneficio alguno para la actividad agraria. Además "se comete el grave error de entrar en temas urbanísticos al regular el uso de la vivienda en las mismas, lo que contamina la ley".
