El Govern ha aprobado el Proyecto de ley de cambio climático y transición energética de las Illes Balears. El Proyecto, que se tiene que remitir al Parlament de les Illes Balears para su tramitación, obtuvo el aval del Consejo Balear de la Energía el pasado 19 de julio y, una vez aprobado por la cámara autonómica, se convertirá en la primera ley de cambio climático y transición energética de las Illes Balears.
Se trata de un proyecto de ley con un contenido puntero en la lucha contra el cambio climático y fija el camino para hacer efectiva la transición hacia las energías limpias. Es una ley puntera en el ámbito estatal y también europeo, que sitúa a las Illes Balears a la vanguardia, con medidas valientes para hacer posible un cambio de modelo con el horizonte de unas islas 100 % limpias en 2050.
El horizonte que fija el Proyecto de ley es tener unas islas libres de combustibles fósiles y el 100 % de energías renovables en 2050. Para el 2030 las previsiones son disponer de un 35 % de renovables, un 23 % de reducción del consumo energético y una disminución del 40 % de las emisiones contaminantes.
Las medidas principales del Proyecto de ley son las siguientes:
1. Energías renovables
Potenciar el uso generalizado de las energías renovables es uno de los principales objetivos y se concreta en determinadas obligaciones, como la de instalar placas solares en los grandes aparcamientos y en las nuevas edificaciones.
En el caso de los aparcamientos, se han introducido modificaciones respecto del planteamiento inicial. Están obligados los aparcamientos nuevos de más de 1.000 m2 y los existentes de más de 1.500 m2.
Se tienen que instalar también placas solares en los nuevos edificios de más de 1.000 m2 o en aquellos en los que se realice un cambio de uso o reforma integral, con la excepción de si la cubierta es de fibrocemento. Las edificaciones aisladas solo se podrán suministrar con energías renovables.
2. Cierre progresivo de las centrales contaminantes, empezando con Es Murterar a partir del 2020.
La Ley define un plan de ruta claro que afecta a Es Murterar y también a las centrales de Maó, Eivissa y Formentera. Reafirma el cierre de dos primeros grupos de Es Murterar en el 2020 y de los otros dos en el 2025.
3. Tráfico hacia una movilidad sostenible
El 35% de las emisiones de CO2 en las Illes Balears proviene del tránsito rodado. Por lo tanto, actuar en la movilidad es clave para mitigar los efectos del cambio climático.
Algunas de las principales acciones que prevé el Proyecto de ley son disponer de 1.000 puntos de recarga de vehículos eléctricos en 2025 y tener el 100 % del parque móvil descarbonizado en 2050.
Estos objetivos implican una serie de pasos, como:
— Prohibir la circulación de coches y motos diésel a partir de 2025 (excepto los ya existentes en las Illes Balears).
— Prohibir la circulación de coches, motos, furgones y furgonetas contaminantes (incluye gasolina) a partir de enero de 2035 (excepto los ya existentes en las Illes Balears).
— Incluir de forma progresiva y obligada vehículos eléctricos o no contaminantes en las empresas de alquiler de vehículos a partir de 2020 (2 % inicial) hasta llegar al 100 % en 2035.
Con respecto a las empresas de alquiler, se introducen sistemas de control sobre la flota para garantizar que se va produciendo este cambio. Así, un mes después de la entrada en vigor de la futura ley, estas empresas tendrán que informar a la Administración de la lista de los vehículos que tienen matriculados, de los que son de emisiones cero y de si son contaminantes. Habrá un distintivo que identificará la flota de alquiler y si son de emisiones cero.
El Proyecto de ley incorpora también la posibilidad de que los municipios en los que haya áreas en que se superen los valores límite de calidad del aire fijados tengan que establecer restricciones de circulación a los vehículos en función de sus limitaciones.
4. Eficiencia energética: con medidas como la que establece que todo el alumbrado público tiene que ser de bajo consumo en 2025 u otras como la obligación de las grandes y medianas empresas de calcular y registrar la huella de carbono en 2020, y en 2025 presentar y ejecutar planes de reducción con objetivos vinculantes.
