MÉS per Mallorca ha reclamado a la Delegación del Gobierno que promueva un acuerdo con los municipios de Baleares para fijar un protocolo de actuación que coordine el control, la inspección y las sanciones a los llamados "party boats", y erradique la "indefensión" contra estas molestas excursiones.
"Necesitamos un protocolo de actuación para inspeccionar y para evitar la indefensión de quienes nos visitan y de quienes residen en las islas", ha reclamado en una rueda de prensa la diputada de MÉS per Mallorca Joana Aina Campomar sobre estas embarcaciones que realizan excursiones recreativas con música, una cuestión sobre la que el partido ha registrado una proposición no de ley pidiendo medidas.
MÉS pide un protocolo para que las administraciones se coordinen porque actualmente concurren competencias estatales y municipales en el espacio marítimo-terrestre, algo que dificulta saber cómo actuar, ya que son los ayuntamientos los que regulan los mapas de ruido para evitar la contaminación acústica pero no pueden actuar en el mar.
Campomar ha detallado que numerosas denuncias llegan a la Policía Local, sobre todo en los municipios de Palma, Calvià, Ibiza y Capdepera, pero los agentes "no tienen elementos para controlar e inspeccionar las embarcaciones molestas y la Guardia civil tampoco porque el ruido es una competencia municipal".
Piden además que se cree una comisión técnica que sería la que determinaría los niveles sonoros autorizados, cómo medirlos, cómo realizar las inspecciones y quién sanciona, y reclaman además que, tal como establece el Estatuto de Autonomía, el Gobierno transfiera al Govern la competencia de Costas.
Campomar ha recalcado que esta actividad ha ido en aumento en los últimos diez años de manera que ha pasado de ser puntual a algo muy frecuente. Ha denunciado que hay empresas que realizan "un uso desmesurado" que cada vez da lugar a más quejas vecinales y de bañistas.
La diputada ha precisado que la regulación permitiría actuar tanto contra las empresas de "party boats" que se salten la normativa como contra las embarcaciones particulares.
Ha recordado que en 2016 el Govern restringió por ley los "party boats" al prohibir que actúen en espacios marítimos protegidos, una limitación que desde este año alcanza también a todos los espacios marítimos de relevancia ambiental, pero considera que las denuncias demuestran que esta regulación es insuficiente.
Según Campomar, "las quejas de vecinos y bañistas han puesto de relieve que no hay una especificidad en las competencias de vigilancia de esta actividad, algo especialmente relevante en unas islas con 910 kilómetros de costa".
La concejala de MÉS per Palma, Neus Truyol, ha agradecido la iniciativa parlamentaria y ha señalado que no existe un registro centralizado de las denuncias que ha propiciado esta actividad de ocio. Ha detallado que en Palma, solo este verano, ha habido al menos una docena de casos en los que embarcaciones han generado quejas por ruido, con el Molinar y el Arenal como zonas más afectadas.
Ha defendido una respuesta coordinada de las administraciones para combatir una situación que es a la vez un problema de salud pública y medioambiental, ya que la proliferación de embarcaciones ruidosas "puede tener afectación acústica sobre la vida marina".
"Consideramos las 'party boats' uno de los símbolos de un mal modelo turístico", ha dicho Truyol sobre estas excursiones que ha descrito como "sol y borrachera en mitad del mar", con repercusiones negativas desde el punto de vista económico y vecinal.
El concejal de Esquerra Oberta de Calvià Rafel Sedano ha recordado que el pleno de dicho municipio aprobó por unanimidad una moción reclamado actuaciones porque faltan medidas y que el Estado ejerza sus competencias para "parar o reducir al máximo los excesos ligados a la masificación" que representan las "party boats"
