El Gobierno y Unidos Podemos han acordado poner en marcha un plan de ayudas económicas para el vehículo eléctrico "estable e ininterrumpido" hasta 2020, que contará con financiación procedente del incremento de la fiscalidad al diésel.
El texto del acuerdo presupuestario apunta que en 2020 el plan estará dotado con "al menos el 30%" del incremento de la recaudación que se producirá una vez que se aplique la subida de la tributación del diésel para equipararla con la gasolina.
El plan será "estable e ininterrumpido" para evitar que las ventas se concentren en determinados momentos y se paralicen en otros, como sucede actualmente cuando se agotan los fondos de los diferentes planes.
El acuerdo también prevé un plan para incrementar la potencia de las plantas renovables que existen actualmente, modificar la normativa de las subastas renovables para establecer como criterio fundamental el coste de cada tecnología y dotar de estabilidad el marco retributivo de producción de electricidad con renovables, así como potenciar las comercializadoras municipales.
Para apostar por el ahorro y la eficiencia energética, se ha acordado poner en marcha un Plan Estatal para la Rehabilitación de Viviendas a partir del próximo año, dotado con 400 millones de euros anuales, para financiar hasta un 20 % de las actuaciones en eficiencia energética y accesibilidad.
Asimismo, plantea cambiar la normativa del mercado eléctrico para evitar la sobrerretribución o "beneficios caídos del cielo", es decir, las ganancias que obtienen algunas tecnologías con costes fijos bajos como la nuclear o la hidroeléctrica al recibir la retribución de la central más cara que entra cada día en el sistema.
El documento plantea la posibilidad de establecer un límite en la cuantía que algunas tecnologías pueden cobrar del mercado, de manera que todo el exceso se destine a abaratar la factura de la luz.
También prevé revisar los pagos por capacidad -unas cuantías que reciben algunas tecnologías por estar disponibles- y modificar la factura eléctrica para reducir el parte que representa el término de potencia, de manera que este se incremente a medida que lo hace el consumo.
Por otra parte, establece la presentación en un plazo de cuatro meses de una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética y la aprobación de una "reforma profunda" del bono social, que se completará con un bono general.
La solicitud de este bono será automática, la renta per cápita del hogar será el único requisito para su adjudicación, garantizará un consumo mínimo de energía y será financiado "íntegramente" por todas las empresas del sector, en función de su facturación.
Hasta que la regulación en materia de pobreza energética esté desarrollada, se dotará un fondo con 50 millones para garantizar la necesaria protección de las personas vulnerables.
Otra de las medidas previstas implica que los autoconsumidores podrán verter el excedente de energía a la red a cambio de una retribución mínima equivalente a la del mercado mayorista de electricidad, así como la puesta en marcha de un mecanismo claro para compensar la energía comprada y vendida
