La presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, ha presentado hoy la renta social, una “iniciativa clave” para el ejecutivo “que tiene claras las prioridades en la gestión, en cuanto a la lucha contra las desigualdades sociales”, además de constituir uno de los compromisos incluidos en el acuerdo de gobernabilidad.
Armengol ha indicado que se destinarán 20 millones de euros de los presupuestos de 2016 para esta prestación, que se podrá empezar a percibir dentro del primer semestre del próximo año. Esta es, según ha explicado el vicepresidente del Govern, Biel Barceló, “la cuantía más elevada destinada jamás a una iniciativa de servicios sociales en nuestra comunidad”.
Según palabras de la consellera de Servicios Sociales y Cooperación, Fina Santiago, “la comunidad está incrementando de manera constante y decidida los instrumentos para luchar contra la pobreza, que es todavía una lacra social en las Islas”.
La renta social, que beneficiará a unas 10.000 personas (3.000 familias), se aplicará de manera progresiva otorgándose, en una primera fase, a las familias sin ingresos con menores a su cargo. Se ha establecido una cuantía mínima de 428 euros, ampliable hasta un máximo de 776 euros, en función del número de menores presentes en el núcleo familiar.
Se trata de una prestación de carácter finalista, con la condición de que los beneficiarios deberán tener residencia de 3 años en las Islas y acrediten que no tienen ingresos; se les derivará al Servicio de Empleo de las Illes Balears para facilitarles la búsqueda de trabajo.
La renta social será regulada por una ley, que ya está redactada y pactada con las entidades que luchan contra la pobreza, integradas en la Red para la Inclusión Social de las Illes Balears y el tercer sector.
El compromiso del Govern, a través de la Conselleria de Servicios Sociales, que gestionará directamente la renta social, es cubrir las necesidades básicas de las familias en situación de vulnerabilidad económica y luchar contra la pobreza infantil. El Govern prevé que la renta se extienda a otros colectivos y personas sin recursos económicos en función de la mejora de la financiación de la Comunidad Autónoma.
Las Illes Balears se convierten en una de las primeras comunidades del Estado en sacar adelante una renta económica destinada a las familias no vinculada a una contraprestación.
La crisis económica y la precariedad del mercado laboral han hecho surgir nuevos perfiles de personas y familias a los que va dirigida esta renta social. Esta iniciativa supone un paso más en el desarrollo de la Ley de Servicios Sociales, que ha sido paralizada durante la pasada legislatura
