Govern y Gobierno central aumentan la tensión y la batalla política a cuentas de los 63 millones de euros de inversion para la reconversión turística Playa de Palma que Madrid quiere retirar por falta de justificación
El Consell de Govern ha acordado hoy instar a la Abogacía de la Comunidad para “que estudie la viabilidad de interponer un recurso contencioso-administrativo contra el Instituto de Turismo de España respecto a la no aceptación de las prórrogas ni de la tramitación al convenio de colaboraciónpara la remodelación de la Platja de Palma".
El objetivo del Govern es defender judicialmente las inversiones estatutarias para la remodelación de la Platja de Palma, que ahora el Estado reclama.
El 13 de agosto de 2009 se firmó el convenio de colaboración entre el Instituto de Turismo de España (Turespaña) y el Govern de las Illes Balears, en el marco de lo previsto en el artículo 9 de la Ley 30/1998, de 29 de julio, del Régimen Especial de las Illes Balears con el fin de llevar a cabo actuaciones de mejora y embellecimiento de la Platja de Palma.
El 23 de diciembre de 2010 se suscribió una adenda para permitir instrumentar el compromiso de inversión del Estado para el año 2010. En cualquier caso, la Comunidad Autónoma de las Illes Balears presentó una adenda II al convenio, en la que se proponía una revisión de las actuaciones, así como la prórroga del plazo de ejecución del Convenio por un plazo adicional de seis años desde la firma de esta, y de siete años para la justificación.
Estas solicitudes fueron desestimadas mediante la comunicación de fecha 1 de octubre de 2015 firmada por la subdirectora general de Desarrollo y Sostenibilidad Turística, en la que, asimismo, se informaba de que las cantidades no justificadas convenientemente tendrán que ser reintegradas total o parcialmente, con el interés de demora correspondiente.
El Govern entiende que la desestimación de la prórroga solicitada, que en la práctica supondría la pérdida de la mayor parte de las inversiones estipuladas en el mencionado convenio —que corresponden a las Illes Balears en virtud de lo que marca el Estatut—, vulnera los derechos de la ciudadanía de las Balears, va en contra del espíritu de colaboración y cooperación institucionales y tiene que ser recurrida ante los tribunales de justicia.
