El conseller de Trabajo, Comercio e Industria, Iago Negueruela, reivindica la necesidad de recuperar la política de prestaciones anterior a la reforma laboral del PP para evitar que colectivos como los parados de larga duración se encuentren en una situación de desprotección social.
Así lo ha explicado el conseller en el marco del I Congreso de parados mayores de 45 años, organizado por AMPEB y la Fundación Gadeso.
Negueruela ha expuesto que a pesar de que la Constitución recoge un pacto de Estado para garantizar los derechos sociales, estas garantías han empezado a debilitarse con la crisis económica. "A pesar de que el Estado tenía que garantizar esta parte social no está sucediendo así, se ha favorecido el despido y se ha destruido el sistema de protección".
El conseller también ha recordado que en 2011 había en Baleares 35.440 parados sin ninguna prestación -lo que suponía un 43% del conjunto de parados. Actualmente la cifra es muy similar (35.266), pero el porcentaje sobre el número total de parados se incrementa hasta el 53,1%.
Para Negueruela, este indicador demuestra que existe un colectivo de difícil reinserción laboral (en especial los parados mayores de 52 años), que no obstante no está protegido por el sistema de prestaciones.
Negueruela ha explicado que si bien las Comunidades Autónomas han creado rentas para paliar esta situación, tiene que ser el Estado quién tiene esta responsabilidad ya que es la Administración competente en esta materia.
El conseller ha recordado que desde el Govern balear ya se han abordado medidas dirigidas a los colectivos más castigados por la crisis (como en el caso de los jóvenes y los mayores de 45), con más de 11 millones que combinan programas de ocupación y formación.
El titular de Trabajo ha añadido que estas políticas pasivas tienen que ir acompañadas de políticas activas de ocupación (orientación, intermediación y formación) por parte de las Comunidades, si bien también ha reclamado al Estado que devuelva los recursos que destinaba a las políticas de ocupación. "De los 3.000 millones que el Estado destinaba en 2011 a políticas de ocupación, el presupuesto se ha reducido hasta los 1.600 millones".
