El Consell de Govern ha aprobado fijar un porcentaje mínimo del 3 % de reserva del derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de determinados contratos o de determinados lotes de estos contratos, y también de reserva de la ejecución, a los centros especiales de empleo, a las empresas de inserción y a los programas de empleo protegido.
también se ha acordado que se establezca que este porcentaje se aplique al conjunto del sector público de la Administración autonómica y determinar que los centros especiales de empleo y las empresas de inserción estén inscritas en el registro de la Conselleria de Trabajo, Comercio e Industria.
Este acuerdo se toma como consecuencia de la incidencia que la crisis económica ha tenido sobre los colectivos más vulnerables. Tanto es así que las personas con algún tipo de discapacidad y las personas en riesgo de exclusión social han sido las que han sufrido mayores tasas de paro.
Además, los centros especiales de empleo y las empresas de inserción han visto reducida su capacidad para competir con las empresas ordinarias.
Históricamente, ha existido un consenso general para ofrecer una protección especial a las personas con algún tipo de discapacidad y riesgo de exclusión social.
De hecho, el año pasado todos los grupos del Parlament de les Illes Balears y EAPN - Islas Baleares, Red para la Inclusión Social, firmaron el Pacto para la Inclusión, que incluye medidas orientadas a la simplificación y facilitación de la relación de las entidades sociales que trabajan con estos colectivos y con la Administración y que tiene como objetivo impulsar la contratación pública con las entidades sociales sin ánimo de lucro, incorporando cláusulas sociales en la contratación pública.
El artículo 4 de la Ley 31/2015 autoriza al Consell de Govern a fijar unos porcentajes mínimos de reserva del derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de determinados contratos o de determinados lotes de estos contratos a centros especiales de empleo y a empresas de inserción reguladas, con la condición de que al menos el 30 % de los trabajadores de los centros especiales de empleo sean trabajadores con algún tipo de discapacidad o en riesgo de exclusión social.
